RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .- Durante los debates previos a la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2026, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr., acusó al Gobierno de inflar la nómina pública mientras se niega a aplicar la indexación salarial que beneficiaría a más de 764 mil trabajadores que devengan un salario por debajo de los RD$52,000 mensuales.
Mariotti señaló que los RD$18,500 millones destinados a nombramientos políticos y de campaña representan el mismo monto que el Estado dejaría de percibir si se aplicara la indexación al impuesto sobre la renta, una propuesta que ha impulsado desde junio.
Asimismo, afirmó que los trabajadores están siendo gravados de manera ilegal e injusta y que el Gobierno podría devolver capacidad de compra a miles de familias si no incrementara la nómina pública con personas que no trabajan.
“Si logramos no aumentar la nómina pública para seguir nombrando gente que definitivamente no está haciendo su trabajo, podemos devolverle capacidad de pago, capacidad de llegar a fin de mes a todo aquel que gana menos de 52 mil pesos en la República Dominicana”, subrayó.
El legislador también cuestionó los incrementos presupuestarios que a su juicio no tienen justificación clara en instituciones como la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Tesoro Nacional.
A pesar los reclamos y cuestionamientos de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 sin la indexación y lo envió al Senado para su votación.
Mariotti Jr reiteró la advertencia que había hecho, de que si no se incluía en esta estimación presupuestaria la indexación salarial someterá un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 327 de la Ley 11-92 del Código Tributario el Gobierno de manera obligatoria debe ajustar anualmente las escalas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central, para proteger el poder adquisitivo y evitar el «impuesto por inflación» sobre los asalariados.
Sin embargo, esta ley tributaria no se aplica desde el año 2017.
