Un clic fuera del país, un silencio dentro de la democracia.
La amenaza de suspensión digital recibida por el Listín Diario —a través de su proveedor de dominio, Network Solutions— pone sobre la mesa un dilema urgente y hasta ahora ignorado: ¿quién controla la información cuando los servidores están fuera del territorio nacional?
En un entorno globalizado donde los medios dominicanos confían en proveedores de servicios ubicados fuera de la jurisdicción local, el simple acto de documentar hechos noticiosos puede convertirse en un riesgo operativo. Y lo que antes requería censores oficiales, ahora puede concretarse con un correo electrónico corporativo y un clic.
De la censura estatal al silenciamiento privatizado
Este caso no es único ni casual. En ediciones anteriores de esta columna hemos alertado cómo plataformas como Google y Facebook reciben miles de solicitudes gubernamentales y privadas para eliminar contenido. Solo en el primer semestre de 2023, Google recibió más de 60,000 peticiones a nivel global para retirar enlaces indexados.
Estas solicitudes no siempre provienen de ciudadanos comunes. En muchos casos, son impulsadas por actores con poder político o económico que buscan reescribir su huella digital, especialmente cuando involucra casos de corrupción o abuso de poder.
¿El resultado? Un nuevo tipo de censura: algorítmica, selectiva, transnacional y, lo más preocupante, privatizada. Las corporaciones tecnológicas han asumido facultades que históricamente pertenecían a los Estados, pero sin la legitimidad democrática ni los contrapesos institucionales que —al menos teóricamente— limitaban el poder estatal.
Derecho al olvido vs. derecho a la memoria pública
A la par, crecen los debates sobre el “derecho al olvido” en buscadores, que permite a individuos solicitar la eliminación de contenidos indexados si se consideran irrelevantes o perjudiciales. Sin embargo, cuando este derecho se utiliza para eliminar información de alto interés público —como decisiones judiciales, investigaciones periodísticas o denuncias sociales—, se convierte en una herramienta para el olvido estratégico, no para la justicia.
Estudios internacionales documentan cómo la información sobre figuras poderosas tiende a desaparecer gradualmente del espacio digital mediante presiones legales, técnicas y económicas, mientras que ciudadanos comunes permanecen expuestos perpetuamente por faltas menores. Esta “desindexación selectiva” crea un paisaje informativo distorsionado que beneficia sistemáticamente a quienes pueden pagar por el silencio digital.
La memoria pública es más que un archivo: es la base del aprendizaje democrático. Olvidar puede ser un derecho individual, pero recordar debe ser un derecho colectivo protegido por el Estado.
Soberanía digital: el talón de Aquiles del periodismo latinoamericano
Dependencia tecnológica, externalización de dominios y falta de regulación proactiva son tres elementos que configuran una crisis de soberanía informativa en toda América Latina.
Los medios dominicanos no son la excepción. Muchos dependen de servicios en la nube cuyos valores, intereses y contratos están diseñados en entornos ajenos al Caribe. Y cuando el custodio de un archivo digital responde a otra constitución, la historia nacional queda sujeta a cláusulas comerciales, no a principios democráticos.
Esta asimetría estructural en la geopolítica digital significa que incluso instituciones centenarias como el Listín Diario quedan vulnerables ante decisiones corporativas tomadas a miles de kilómetros. No es solo dependencia tecnológica; es una forma de colonialismo digital que transforma relaciones comerciales aparentemente neutrales en mecanismos de control sobre el discurso público. Los términos y condiciones se convierten así en herramientas de presión editorial cuando la infraestructura misma que sostiene la memoria colectiva está lejos del alcance jurisdiccional de nuestras propias leyes.
Recomendaciones estratégicas: blindar la libertad en la era digital
Para evitar que esta tendencia erosione la memoria colectiva y la libertad de prensa, proponemos:
- Legislación nacional de protección del archivo periodístico
Un marco legal que prohíba la remoción arbitraria de contenidos informativos alojados en infraestructuras digitales, salvo por orden judicial competente, y que reconozca explícitamente la supremacía de la sentencia TC/0171/20 del Tribunal Constitucional sobre cualquier término de servicio extranjero.
- Obligatoriedad de auditorías de infraestructura informativa en medios
Los medios deben declarar y auditar dónde alojan sus archivos, bajo qué jurisdicción, y qué cláusulas contractuales permiten acciones unilaterales por parte de proveedores. Estas auditorías deben identificar vulnerabilidades críticas y desarrollar planes de contingencia ante amenazas de censura técnica.
- Consorcios regionales de replicación y respaldo informativo
Tal como existe en la defensa de derechos humanos, urge una alianza de medios que respalde automáticamente contenidos censurados, protegiendo el ecosistema regional de silenciamientos puntuales. Esta red distribuida de respaldo debe garantizar que cuando un servidor ceda a presiones, decenas de otros preserven la información amenazada.
- Observatorio nacional de censura digital
Una entidad independiente que documente remociones de contenido, solicitudes de baja y amenazas a medios por razones técnicas, contractuales o corporativas. Este observatorio debe prestar especial atención a patrones de censura que afecten al periodismo anticorrupción y de investigación, identificando cuando ciertos temas o figuras son sistemáticamente protegidos.
- Educación ciudadana sobre soberanía digital
La defensa del periodismo no solo compete a las salas de redacción: cada ciudadano debe comprender que la libertad de prensa se defiende también en los servidores y en los términos de servicio. Esta alfabetización digital crítica debe extenderse a todos los niveles educativos y sectores sociales.
- Estrategia nacional de soberanía digital integral
Más allá del periodismo, República Dominicana necesita una política de Estado que proteja sectores críticos como educación, salud, finanzas y seguridad de vulnerabilidades similares. La capacidad de un proveedor extranjero para amenazar a un periódico nacional demuestra que la independencia informativa no puede lograrse sin cierto grado de autonomía en la infraestructura digital.
La memoria no se negocia
La sentencia TC/0171/20 del Tribunal Constitucional dominicano lo establece claramente: la historia informativa forma parte del derecho a la verdad y al acceso a información veraz. Y las directrices de la ONU (París, 2023) reiteran que las plataformas digitales deben garantizar ese acceso sin discriminación.
No obstante, esta jurisprudencia constitucional queda fatalmente comprometida cuando la infraestructura que aloja esos contenidos opera bajo jurisdicciones extranjeras. Network Solutions no desafía frontalmente la sentencia; simplemente la circunvala amenazando la infraestructura técnica que sostiene el contenido protegido. Esta estrategia de “bypass jurisdiccional” demuestra la insuficiencia de protecciones puramente legales en un entorno digitalmente dependiente.
República Dominicana, un país que experimentó décadas de censura explícita durante el régimen de Trujillo y posteriores períodos autoritarios, ahora enfrenta una versión sofisticada y tercerizada del mismo fenómeno. La evolución desde censores físicos hasta algoritmos y términos de servicio representa un refinamiento —no una desaparición— de los mecanismos de control.
Olvidar puede ser un derecho individual. Pero hacer olvidar a una sociedad lo que ocurrió —y fue publicado con evidencia— es una forma de manipulación histórica.
Un llamado a la acción
Hoy fue un medio nacional. Mañana puede ser una universidad, una organización social, una investigación científica, una denuncia comunitaria. No se trata solo de proteger archivos digitales, sino de preservar las condiciones mínimas para una ciudadanía informada y libre.
El periodismo suele ser la primera institución atacada precisamente porque actúa como sistema inmunológico informativo de las democracias. La presión contra el Listín Diario no es un incidente aislado contra un medio particular, sino una prueba de resistencia institucional. Si este intento de censura prospera, establecerá un precedente aplicable a otros espacios democráticos.
La nube no puede convertirse en el nuevo censor. El código no puede reemplazar al juicio democrático. Y la historia —nuestra historia— no puede borrarse por conveniencia comercial ni por presión encubierta.
Por: Arturo López Valerio. Empresario Tecnológico