RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realizó una auditoría a la gestión de Abel Martínez en el Ayuntamiento de Santiago, correspondiente al período del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, en la que se identificaron presuntas irregularidades, incluyendo errores en cálculos del impuesto sobre la renta (ISR), entre otros aspectos administrativos y financieros.
Durante los años 2018 y 2019, se detectaron errores en el cálculo del ISR, lo que resultó en una omisión de retención por un monto total de RD$565,560.
También se identificaron errores en los registros de gastos en las cuentas de servicios personales, no personales, materiales y suministros por un monto de RD$17,938,635.
En la revisión de los servicios no personales durante el período auditado, se encontraron expedientes de gastos ejecutados por RD$62,904,143 sin la debida cancelación con sello de pagado, ni indicación del número ni la fecha del cheque correspondiente.
El informe señala además que el Ayuntamiento Municipal de Santiago no distribuyó los ingresos percibidos entre 2017 y 2019 según los porcentajes establecidos en la Ley 176-07. Esto provocó que se aplicaran porcentajes mayores en gastos por servicios municipales y porcentajes menores en cuentas como inversión, educación, salud y género, incumpliendo la normativa legal.
Respecto a las retenciones del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS o AFP) y el Seguro Familiar de Salud (SFS o ARS), la entidad retuvo de manera superior a lo establecido por la Ley 87-01, acumulando un exceso de RD$801,875, correspondientes a los años 2018 y 2019.
En cuanto a la regalía pascual, se verificaron pagos tanto superiores como inferiores a lo establecido. El exceso fue de RD$187,989 y el déficit de RD$51,701.
La CCRD, en virtud de sus atribuciones constitucionales y de la Ley 18-24 del 27 de junio de 2024, señala que este tipo de auditorías permiten identificar debilidades en los procesos financieros y administrativos. Además, faculta a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a las unidades de contraloría interna de las entidades públicas a recomendar medidas correctivas para fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos y mejorar los procedimientos de control interno.
