Castigo a los corruptos

Por Manuel Hernández Villeta

La corrupción es uno de los flagelos de la sociedad dominicana.  Desde el comienzo de nuestra historia, el manejo irregular de los fondos públicos ha sido la norma de inconducta. La falta de sanciones a eternizado la corruptela por años.

Para que la sociedad dominicana pueda avanzar en este siglo 21 tiene que ponerse fin a la corrupción de los fondos públicos. No puede ser que ocupar una función en el Estado y manejar fondos, sean sinónimo de hacerse rico a la carrera

Todo el que esté implicado en manejos turbios de los fondos del Estado, sin importar en que gobierno se cometió el hecho, tiene que ser llevado a los tribunales y sancionado. La política partidista tiene que ser rescatada y sacada de las garras de los oportunistas.

La falta de sanciones ha motivado que por siempre la corrupción se recicle en la vida nacional. Siempre se proponen medidas correctivas, pero coyunturas  inmediatas  hacen que se echen al olvido, y se continúe por el camino del dejar hacer y el dejar pasar.

Culpa de esos vaivenes ha sido una justicia parcializada, manejada por los poderosos de turno y en ocasiones con las rodillas dobladas por el oro corruptor. Ahora hay un renacimiento del sistema judicial, por lo que se espera haya sanciones drásticas  para los corruptos.

Cuando se dilapidan los fondos públicos se da una  puñalada al corazón del pueblo. El dinero robado se pudo destinar a mejorar las áreas de salubridad, llevando la medicina a todos los renglones del territorio nacional, también a que se contara con los recursos para hacer una gran campaña nacional en el sector educativo, para terminar con el analfabetismo.

La lucha contra la corrupción debe llegar a la condena de todos los que se demuestre que cometieron acciones ilegales. En la aplicación de la justicia no puede haber enemigos ni amigos. No pueden enquistarse parcialidades, ni resquemores, solo actuar de acuerdo con la presentación de las pruebas.

Hay que evitar la sobre exposición de los casos,  porque se desvirtúa el espíritu de ley, cuando se da la condena de opinión pública. Al acusado de cometer un acto de corrupción se le deben dar todas las oportunidades legales de defender su caso. Es en los tribunales, en el juicio oral, público y contradictorio, que se tiene que demostrar culpabilidades o inocencia.

Tiene que darse una guerra sin cuartel contra la delincuencia. A los corruptos, de ayer, de hoy y de siempre, llevarlos al banquillo de los acusados y que paguen por la comisión de sus delitos. La ley es dura, pero es la ley. Y solo la exposición de las pruebas, y de la verdad podrá aclarar el panorama. Castigo a los corruptos. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta

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