RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los imputados beneficiados con arresto domiciliario en el caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) fueron conducidos este martes al tribunal, a quienes se les solicita que se les imponga prisión preventiva.
El abogado Miguel Surun Hernández, quien actúa como querellante en el proceso, interpuso un recurso para que el empresario Eduardo Read Estrella, así como Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, sean enviados a la cárcel.
El jurista representa a la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y a la Fundación Primero Justicia.
Los tres imputados fueron favorecidos previamente con arresto domiciliario e impedimento de salida del país. En el caso de Acosta Sención y Pineda Perdomo, además, se les impuso una garantía económica de RD$100,000 a cada una.
Surun Hernández cuestionó la estimación del monto sustraído presentada por el Ministerio Público en esta investigación, al asegurar que el desfalco al Senasa no asciende a 15 mil millones de pesos, como han indicado las autoridades, sino a 43 mil millones, conforme a los resultados de una investigación de dos años realizada por la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social.
“Mientras el Ministerio Público habla de 15 mil millones, nuestros cálculos, basados en dos años de investigación, sitúan el fraude real en 43 mil millones de pesos, dinero de la salud de los pobres. Esto no es un simple evento administrativo; es un atentado contra el sistema de seguridad social. No puede haber indulgencia”, sostuvo el abogado.
El jurista explicó que tanto la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social como la Fundación Primero Justicia se constituyeron en víctimas querellantes, amparadas en la normativa procesal vigente, con el objetivo de garantizar que la investigación abarque la verdadera magnitud del presunto entramado de corrupción.
Asimismo, reiteró su rechazo absoluto a cualquier tipo de acuerdo o conciliación que pudiera beneficiar a los imputados, al considerar que el fraude representó el desvío directo de fondos destinados a la atención en salud de envejecientes, niños y personas de escasos recursos económicos.
“Hablamos de cientos de personas que hoy están bajo tierra porque no recibieron tratamientos que estaban presupuestados y debieron ser cubiertos por Senasa. Si esos recursos no hubieran sido desviados, muchas de esas vidas se habrían salvado”, expresó.
Este martes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce dos recursos: uno que solicita que los imputados en arresto domiciliario sean enviados a prisión preventiva, y otro mediante el cual quienes están en las rejas, buscan salir.
Los imputados que cumplen coerción en Las Parras son: Santiago Marcelo Hazim Albany, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
