EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para muchos imputados en casos de corrupción administrativa, conciliar un acuerdo con el Ministerio Público le resulta difícil, por lo que implica admitir los hechos o ser un delator para quienes en algún momento fueron sus patrocinadores.
Sin embargo, en casos como Antipulpo, para el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, declararse culpable fue la vía más viable para reducir la pena.
El imputado entró a la institución en quiebra por las tantas deudas y la bancarrota de su empresa, pero en el 2015 empezó su aumento económico injustificado hasta su salida en el 2020, según el órgano fiscalizador.
El encartado admitió que se benefició del entramado delictivo que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez, declarándose culpable a fin que su condena sea reducida.
El acuerdo que el Ministerio Público empleó con el exdirector de la OISOE se llama “Procedimiento Penal Abreviado”, proceso dentro del proceso que se hace con el propósito de que su condena sea reducida.
Para esto, el imputado reconoció ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional su admisión de los hechos, devolviendo algunos inmuebles como una finca, un apartamento y una jeepeta, sin especificar el monto a cuánto ascienden.
Según detalla la acusación del órgano investigador contra Pagán, éste cuando llegó a la posición de director, aprovechó para comprar un apartamento de lujo en la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros y una valoración de 39 millones de pesos, cuya propiedad fue devuelta por el MP, debido a que allí es que el imputado reside a cambio de la devolución de 10 millones de pesos.
Asimismo, indica el expediente que Pagán no realizó su declaración jurada en los primeros 30 días de asumir su cargo, sin embargo lo hizo un año después, el cual incluyó tres vehículos de alta gama de las marcas Audi, Volvo y BMW.
La declaración jurada de ese año ascendió de manera sorpresiva de 14,131,820.66 millones de pesos y dejando sin reportar otros inmuebles que no había como justificar su adquisición.
El órgano fiscalizador, en su acusación asegura que este empezó el pago de deudas a los tres meses de llegar a la OISOE, pero en efectivo.
Además, el acusado estableció una estrategia para lucrase de manera ilegal utilizando testaferros y empresas cercanas a él.
La vida del imputado cambió drásticamente en el consumo excesivo de comidas y bebidas, en los últimos tres años de su cargo 2017-2020, consumió en un solo resultante un monto 249,522.04.
Aunque el órgano acusador no especifica el monto que defraudó, lo cierto es que valoró los aportes que el encartado hizo en la investigación, pidiendo al juez una condena de cinco años con dos suspendido.
Otros que negociaron
Otros que negociaron fueron Domingo Antonio Santiago Muñoz, Esteban Suazo Suriel y Lewin Ariel Castillo, todos acordaron con el Ministerio Público, para salvar su “pellejo” de la cárcel.
En el caso de Santiago Muñoz este era el único encartado que tenía libertad pura y simple. En su turno en la audiencia preliminar devolvió un inmueble valorado en 47 millones de pesos en Punta Cana, que en un criterio de oportunidades, el ministerio Público pidió la extinción penal.
Mientras que a Suriel Suazo a cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. Y la devolución de dos millones de pesos y un vehículo de máquina pesada valorada en tres millones.
De ese mismo modo a Castillo, dos años de prisión suspendida.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca), aseguró que con los cuatro acuerdo que ha llegado el Ministerio Público con acusados en Antipulpo, el Estado dominicano recuperó más de 200 millones de pesos.
“En bienes que se decomisan en propiedades, dinero en efectivo. Es la primera vez, que en caso de corrupción se recupera esta cantidad, además en la audiencia preliminar una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el MP”, manifestó el magistrado.
Afirmó que es una cuestión trascendente en el proceso, indicando que estos acuerdos confirman la fortaleza del expediente acusatorio.
Cabe destacar que los acuerdos entre imputados y órgano acusador, se dan con la única intención de reducción de pena.
