EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El caso de los equipos tecnológicos utilizados en las elecciones del 2016, cuya funcionalidad ha sido puesta en duda por la Junta Central Electoral (JCE), ha tocado las puertas de la embajada de España en el país, dando un nuevo giro.
El caso se ha tratado después que la empresa Indra Sistema que suplió la tecnología a la JCE, reclama el pago pendiente de US$13.9 millones, bajo reservas de interponer cualquier acción legal a fin de restituir sus derechos y proteger la inversión realizada.
En una carta dirigida al presidente de la JCE, Julio César Castaños, explican que han tratado de resolver el impago amigablemente.
El pasado lunes se registró una reunión en la embajada de España, entre los miembros del Pleno de la JCE, los ejecutivos de Indra Sistema y el embajador Alejandro Abellán García de Diego.
Luego de ese encuentro, los integrantes de la JCE se reunieron en un Pleno extraordinario donde acordaron remitir el informe técnico sobre los equipos, a la Cámara de Cuentas y a la empresa Indra.
El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara, interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra la pasada gestión de la Junta, encabezada por su entonces presidente, Roberto Rosario, a quien acusa de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
En tanto el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), hizo un piquete ante el edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República solicitando el sometimiento a la justicia de Rosario, acusándole de la compra innecesaria de equipos por US$37.9 millones, los cuales no están aptos para futuros procesos.
Por el momento la Cámara de Cuentas realiza una investigación especial al estatus y situación financiera entre la JCE y la empresa Indra Sistema.
