EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alegado caso de corrupción denominado operación Calamar, le ha resultado tan complejo al Ministerio Público que todavía no ha podido presentar una acusación formal contra unas 20 personas, contra quienes se instrumentó un expediente plagado de irregularidades y donde aparecen querellantes falsos y otros fallecidos.
El próximo lunes 8 de abril, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá a partir de las 9:00 de la mañana, la solicitud de prórroga hecha por el Ministerio Público para continuar con las investigaciones sobre el caso donde se involucra a los exministros de Hacienda, Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y otros encartados.
El 29 de noviembre del 2023 el Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses, para concluir con las investigaciones sobre el referido caso. También es posible que el lunes se conozca la solicitud de la defensa del exministro Peralta, para que se anule el proceso por falta de pruebas.
De acuerdo a un documento entregado a periodistas de END, en el voluminoso expediente figuran por lo menos una docena de querellantes falsos y varios fallecidos, entre ellos los señores William Humberto Mota y Rafael Antonio del Rosario Castro.
El documento con parte del expediente anexo, explica que el primer querellante es el Estado, que formuló acusación en contra de los exministros Guerrero, Castillo y Peralta, un año antes que el Ministerio Público, “como para que no haya dudas de que la actuación era del principal actor político, el presidente de la República, que a ese fin dictó un decreto y firmó el poder a los abogados el Estado, sin licitación para recibir el 15 % de lo recuperado por el Estado que podría ascender a unos RD$4,000 millones”.
“Las Querellas se fueron acumulando a lo largo del proceso y sobre todo a raíz de la orden de detención de marzo del 2023, que a la fecha suman unas catorce, la mayoría de ellas sin calidad, carentes de objeto y algunas, según fuentes judiciales consultadas, simplemente temerarias y muchas, perjudiciales a los querellantes”, agrega.
Según el documento, “con los traslados a Higuey y La Romana, se destaca el bufete de abogados José Javier Bidó (Jonas) y Rubiera Martín, que incluye querellas en contra de dos jueces, el juez presidente de la Primera Sala del TSA, Ramón Berroa Hiciano y el juez presidente del Tribunal de Tierras de Higuey, Manuel de Jesús Sánchez Ceballos, que no tienen ninguna relación con el proceso, con el único objeto de inhabilitarlos, temerariamente”.
Sostiene que el doctor Bidó se ha prestado a dar declaraciones a los medios, formulando acusaciones a nombre de “sus clientes, sucesores de Jorge Mota, sin embargo, en el expediente no figura poder alguno de los descendientes, acreditados mediante títulos de propiedad, ni sentencias que los determinen como tales”.
“(Bidó) postula en nombre de dos nietos de dos troncos que poseen 20,999.01, con vocación hereditaria, si fuera cierta, de apenas unos 3,000 metros; empieza su querella en el número 1, por Donald Guerrero como actor de la estafa a sus “clientes” en su querellamiento del 23 de agosto del 2023. Pero Sucede que con esas dos líneas sucesoras el Gobierno, ni el anterior ni este, han firmado contrato y en consecuencia, no les ha pagado, ¿Cómo entonces pudieron estafarlo?”, dice.
En el documento se afirma que el doctor Bidó, con “una representación precaria de 3,000 metros impide el pago a 2.1 millones de metros en perjuicio de cientos de personas y se querella en contra de más de 30 personas, la mayoría sin ninguna vinculación con el caso, que no es caso porque a su eventual cliente el Estado no le ha firmado contrato ni pagado, en consecuencia, no hay posibilidad de engaño: eso no es justicia”.
De acuerdo a una fuente judicial, “los únicos objetos de la querella, son quedarse con los honorarios del abogado que obtuvo la sentencia de justiprecio, todavía impaga y participar de un proceso público que deja otros beneficios, aunque los clientes nunca cobren”.
Revela que otras dos querellas interesantes son las de Olin Castro Mota y Lucas Evangelista Guerrero Mota, interpuesta por la abogada Retesa de Jesús Silverio en contra de Donald Guerrero, Fernando Crisostomos y Mimilo Jiménez, “pues corresponde a dos personas titulares de derechos por 20,999.01 cuya sentencia de pago es del 30 de octubre del 2020 y no se ha pagado, el único objeto, de nuevo, parece ser hacerse parte el proceso y quitar los honorarios al abogado que ganó el justiprecio en violación al Código de Ética del Colegio de Abogados”.
Indica que en el caso de los sucesores de Jorge Mota, que es el que más conocido, confirmando la maldición de “entre abogados te veas”, varios togados con el ánimo de presionar han recurrido sentencias favorables a sus clientes oponiéndose al pago, según los analistas porque el pretexto de la querella les da una posibilidad económica en honorarios mayor – en negociaciones con imputados – que el pago que deben recibir sus clientes, además de los 15 segundos de estrellato.
“El Ministerio Público que no ha concluido el análisis de las querellas y en consecuencia, no ha determinado su admisibilidad o no en esta etapa, debe evitar ver afectada la credibilidad del caso CALAMAR, por las actuaciones temerarias, de chantaje o compra de notoriedad, sobre todo porque ya varias barras, en particular la de José Ramón Peralta, han advertido la presencia de falsos querellantes”, expresa.
El documento indica que “el PEPCA está en el deber de verificar la admisibilidad de las querellas y desechar aquellas que carezcan de méritos, por lo menos INADMITIR aquellas que carezcan de calidad y de objeto de lo contrario se hace cómplice de esa barbaridad que ya no le beneficia. La Procuraduría General de la República, por otra parte, ante la indefensión de cientos de personas pobres y poco ilustradas, está en el deber de protegerlos, incluso de sus propios abogados, si tiene conocimiento de abusos o desnaturalización del mandato, a veces obtenido con engaño”.
