EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un operativo antirruidos puede derivar en un incidente violento, como lamentablemente ocurrió con el niño abatido en el carnaval de Santiago. Todo por una bocina, por un ruido estridente, por una bravuconada infeliz. El carnaval acabó ensangrentado, y ahora solo hay llanto.
El incidente violento se produjo en un escenario tan bullanguero y colorido como lo es por naturaleza el carnaval. Este es un espacio carnavalesco, una ‘fiesta de la carne’ donde todo se puede: hacer bulla, gritar, dar fundazos, ser bravucón. Allí se rompen los parámetros, los decibeles suben de temperatura y rompen oídos.
Por cierto, los decibeles permitidos son de 45 a 55 durante el día y de 35 a 40 durante la noche. Sin embargo, en barrios y otras partes se viola permanentemente estos topes de ruido. Algunos vehículos tienen un musicón tan costoso como esos mismos vehículos, y son tan bullosos que a toda hora andan atronando las casas y trastornando la paz pública.
La Procuraduría General ha recordado que escuchar un musicón a todo volumen puede conllevar hasta tres años de cárcel. Alguna gente pide orden y que se apliquen las sanciones.
Son muchas las personas que no pueden dormir bien en las noches y tienen que desvelarse por el ruido de los alrededores, por lo que no rinden lo suficiente en el trabajo y andan cayéndose del sueño durante el día. Dondequiera montan un bocinón y lo ponen a todo volumen, sin importar las consecuencias para el vecino.
Responsabilidad de todos
La política antirruidos es responsabilidad compartida del Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías y la Policía Municipal, como lo establece la Ley 64-00 que rige la materia, y por eso se trata de una cuestión multiministerial que debe ser enfrentada por las autoridades nacionales y locales.
El artículo 115 es redondo al respecto: «Se prohíbe la emisión de ruidos producidos por la falta de silenciador de escape o su funcionamiento defectuoso, de plantas eléctricas, vehículos de motor, así como el uso en vehículos particulares de sirenas o bocinas, que en razón de la naturaleza de su utilidad corresponden a los servicioos policiales, de ambulancias, de carros de bomberos o de embarcaciones marítimas».
El sistema 9-1-1 da respuesta a los casos de contaminación sónica en todo el país. Los ciudadanos llaman al 9-1-1, se quejan y reciben la atención de agentes policiales. Equipos y bocinas pueden ser incautados, aunque poco después vuelvan a sonar con la misma potencia.
Se prohíbe el alto volumen de la música a toda hora, por cuanto los decibeles adecuados durante el día son de 45 a 55 el máximo, y durante la noche disminuyen de 35 a 40.
