EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Salcedo consideró que en República Dominicana hacen falta esfuerzos coordinados de instituciones para la elaboración de un protocolo de actuación que conlleve una perspectiva de género, familiar y protección a la mujer que disminuya los casos de feminicidios que se están presentando.
“La afectación que hay en la sociedad y en la familia entraña todo un protocolo de actuación por parte del Ministerio Público, tienen que haber políticas públicas con niveles de coordinación con la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y otras entidades que puedan contribuir”, expresó el especialista en entrevista para el espacio Politizando que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.
Salcedo indicó que dichas políticas deben ir enfocadas también en una reducción del concepto del criterio cultural arraigado en el hombre dominicano, de que el buen varón es un hombre macho que posee la fuerza, y que basados en eso su accionar se circunscribe al uso de esa fuerza ante los demás.
El jurista sostuvo que la educación dominicana debe tener por meta proporcionar al hombre dominicano criterios educativos con un acervo de formación y preparación desde la infancia para que ese tipo de hecho no se sigan produciendo en el país.
El profesor universitario señaló que “en el ámbito de esta violencia de género no es posible, primero ningún criterio de oportunidad, no lo hay, porque en todo caso cualquier sanción es superior, en el caso de que haya una sanción, la mayor, es superior a los tres años”.
Salcedo precisó desconocer de dónde, si es que lo han hecho, el Ministerio Público ha sacado la aplicación de criterios de oportunidad o acuerdos con el maltratador para ser enviado de la cárcel a la casa o a la calle, los cuales lamentablemente han terminado de forma dramática para las féminas.
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Respondiendo sobre lo que se podría hacer en lo inmediato para disminuir este tipo de acontecimiento, el profesional del derecho agregó que “primero tiene que haber necesariamente un protocolo por parte de la Procuraduría General de la República y un mandato a cada uno de los fiscales titulares y los que dirigen las unidades de género y violencia intrafamiliar en República Dominicana”.
“Primero no hay posibilidad alguna, por mandato expreso, de ningún criterio de oportunidad porque la norma lo prohíbe, segundo no hay posibilidad de acuerdos que lleven a la calle a cualquier hombre que maltrate, que sea desoyendo en este caso lo que establece el código procesal penal”, añadió el especialista.
Salcedo explicó que en estos sucesos nunca puede haber una pena que no se corresponda con la gravedad de las lesiones de los hechos y sobre todo de la conducta psicológica y psiquiátricamente evaluada del perpetrador, no solamente corporal sino también psicológica y mental.
Con relación a lo sucedido en San Pedro de Macorís, el togado calificó de ineficiente a la Procuraduría por no actuar de forma diligente y señaló que debió hacerse una intervención de todas las fiscalías para evaluar todos los casos donde se realizaron acuerdos para que no se siga repitiendo estas situaciones en el país.
