RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La acusación de que la jueza Fátima Veloz actuó en contubernio debido a una firma de su padre con empresas vinculadas a los hermanos Espaillat es, en palabras del abogado Carlos Balcácer, “una vileza”.
Balcácer consideró este lunes que dichas afirmaciones han insultado y mancillado la justicia, y criticó la falta de defensa del Poder Judicial, a diferencia de lo que ocurre en países como Francia. Según expresó, la jueza “entendió que actuó basada en derecho, y tan es así que, al día de hoy, Antonio Espaillat no ha cogido una yola para dejar el país”.
En otro orden, el togado afirmó que en el caso Jet Set no existe responsabilidad penal, sino exclusivamente civil. Señaló su sorpresa ante juristas que, al parecer, no tienen especialización en materia penal, por calificar el colapso de una estructura inanimada como un homicidio atribuible a una persona. Subrayó que si “el sujeto no mueve una viga o un block y mata a cien o mil, eso no es homicidio”.
Este argumento coincide con lo expresado por expertos que sostienen que el derrumbe es un evento atribuible a una cosa inanimada y, por tanto, su consecuencia es de naturaleza civil, no penal.
La magistrada Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso como medidas de coerción a los imputados una garantía económica de 50 millones de pesos, de los cuales solo pagarían el 10 %, es decir, 5 millones. También ordenó impedimento de salida del país y presentación periódica.
El tribunal justificó su decisión argumentando que los acusados poseen un arraigo suficiente, al tener un domicilio conocido, actividad empresarial estable y vínculos familiares y sociales en el país, y no haberse demostrado que tengan facilidades para abandonar el territorio.
Los propietarios del Jet Set están imputados de homicidio involuntario tras el desplome del techo del establecimiento, que arrojó un saldo de 235 muertes y alrededor de 180 heridos.
