RESUMEN
En la República Dominicana, la política parece vivir en un eterno ciclo de campaña. A pesar de que el calendario electoral establece claramente que la precampaña presidencial debe comenzar en junio del año 2027, ya vemos a varios aspirantes —muchos de ellos funcionarios públicos— en abierta promoción personal, realizando actividades políticas anticipadas que violan el espíritu, si no la letra, de la ley electoral.
Esta conducta, cada vez más frecuente, resulta profundamente dañina para la institucionalidad democrática. En primer lugar, desnaturaliza la función pública. Cuando un ministro, director general o alto funcionario dedica más tiempo a promover su imagen, a participar en mítines disfrazados de encuentros comunitarios o a giras pseudogubernamentales que a ejercer su cargo, no solo está distrayendo recursos del Estado, sino incumpliendo con su responsabilidad constitucional. ¿Quién supervisa las recaudaciones, los acueductos, los hospitales, las escuelas, las obras públicas, si los llamados a hacerlo están más enfocados en construir estructuras políticas?
En segundo lugar, esta práctica revela una preocupante falta de autoridad por parte de la Junta Central Electoral (JCE). El órgano responsable de velar por el cumplimiento del calendario electoral y de garantizar condiciones equitativas entre los aspirantes ha optado por mirar hacia otro lado. Su inacción transmite un mensaje nocivo: que las reglas no importan si se tiene suficiente poder. Esta omisión no solo debilita su credibilidad, sino que mina la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
Pero más allá del conflicto institucional, son los ciudadanos los principales perjudicados. La campaña a destiempo distorsiona la gestión pública, convierte cada acción gubernamental en un acto de propaganda y vuelve invisible al ciudadano que no está dentro del juego político. Además, fomenta el uso temprano, y muchas veces ilegal, de recursos del Estado para fines electorales, exacerbando la desigualdad entre aspirantes y alejando la política de los principios de equidad y transparencia.
El resultado es un sistema democrático desvirtuado, donde no se compite en igualdad de condiciones, donde las reglas del juego son manipuladas por quienes ya ostentan el poder, y donde el elector termina votando más por exposición que por propuestas.
Si no se corrige esta conducta, no solo se adelanta la campaña, se adelanta también el deterioro de la democracia. La Junta Central Electoral debe actuar con firmeza, el gobierno debe exigir que sus funcionarios cumplan con sus funciones, y la ciudadanía debe rechazar este uso indebido del poder. La democracia no puede construirse sobre trampas ni sobre tiempos rotos.
Por: Leonardo Gil, consultor comunicación política y de gobierno.