RESUMEN
La minería en la República Dominicana se encuentra en una gran encrucijada. Por un lado, el sector metálico aporta más de RD$20,000 millones en recaudaciones, genera miles de empleos y se ha consolidado como el principal exportador nacional, siendo una fuente estratégica de divisas.
Por otro, enfrenta tensiones sociales, desconfianza y cuestionamientos ambientales que colocan al regulador en una situación compleja para la toma de decisiones.
Pero la pregunta no es si queremos minería. Nuestra Constitución, en su artículo 17, fue clara: los recursos naturales son patrimonio de la Nación y deben explotarse racionalmente para beneficio colectivo. En la definición de la Meta 2036, nueva hoja de ruta del desarrollo nacional, se reconoce también el papel estratégico del sector minero.
El reto que tenemos hoy es pasar de esas declaraciones a la ejecución real de políticas coherentes. Si lo hubiésemos hecho años atrás, nuestra economía estaría en otro nivel y talvez no estaríamos hablando de necesidad de reforma fiscal. En este sentido, de una vez por todas, debemos asumir la minería con una visión técnica, moderna y despolitizada; pasar de discutir a construir.
La minería no es un tema marginal. Está presente en la construcción de hospitales y viviendas, en la infraestructura vial, en los instrumentos musicales, en la tecnología que usamos cada día y en los equipos médicos que salvan vidas. Sin minería no hay acero, cemento, agregados, cobre, litio ni oro: los cimientos del progreso moderno.
No podemos sucumbir a reducir el debate a un “minería sí o no” es una pérdida de tiempo. Como nación, debemos aprender de las experiencias y demostrar que somos capaces de aprovechar nuestros recursos con responsabilidad, conocimiento y justicia.
Nos han hecho creer que no contamos con un marco legal sólido. Sin embargo, sí lo tenemos, aunque ha sido debilitado por la inacción y el descrédito institucional.
Las Leyes 146-71 y 123-71 establecen las bases para la minería metálica y no metálica (una regula la actividad general y la otra prohíbe la explotación en áreas específicas). A ellas se suman la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la 147-02 sobre Gestión de Riesgos y el Reglamento 522-06, que fijan los parámetros técnicos, ambientales y de seguridad y riesgos laborales de la actividad extractiva.
El problema no ha sido jurídico, sino de gestión y voluntad institucional. Si bien es necesario actualizar la legislación minera para incorporar nuevas tecnologías, seguridad jurídica para los inversionistas, reglas claras en los procesos de otorgamiento y mantenimiento de las concesiones, obligaciones de los concesionarios, transparencia en los beneficiarios reales así como repartición de los beneficios a las comunidades, primero debemos reconocer que hemos fallado como país en aplicar y cumplir las leyes que ya existen.
La minería se ha convertido en rehén de la política, el populismo y la desinformación. Cada permiso se interpreta como un favor; cada retraso, como una señal de poder. Mientras tanto, los inversionistas perciben inseguridad jurídica, las comunidades desconfían del Estado, y los procesos se paralizan por falta de decisiones técnicas.
El artículo 138 de la Constitución obliga a la Administración Pública a actuar con eficacia, transparencia y coherencia. Pero en la práctica, los plazos indefinidos y la lentitud institucional inmovilizan la riqueza nacional. Y como he sostenido muchas veces: basandonos en el medioambiente nos hemos vuelto ineficientes lo que condena a la informalidad y al abandono por lo menos en la parte de la minería no metálica.
Somos un país geológicamente rico pero poco educado y sin conciencia ciudadana. La sostenibilidad no comienza en una mina, sino en la mente y en la vida de las comunidades.
Necesitamos sensibilizar y educar al país entero. Un país que no forma en medio ambiente, gobernanza y desarrollo sostenible está condenado a repetir los mismos errores.
Requerimos una ciudadanía que comprenda cómo funciona el sector, que sepa exigir rendición de cuentas y participar con criterio, no con prejuicios. Educar, comunicar y transparentar son las tres tareas urgentes para recuperar la confianza pública.
Las empresas, por su parte, deben asumir su responsabilidad. No basta con pagar impuestos: deben invertir en el desarrollo real de las comunidades donde operan, entendiendo que cada mina tiene una vida útil limitada, pero su impacto social puede perdurar. Formar talento local, impulsar suplidores comunitarios y promover economías circulares no solo es responsabilidad social: es eficiencia económica.
Un expatriado cuesta más que un técnico local bien formado, y un suplidor comunitario reduce costos logísticos e impulsa desarrollo. Es, en esencia, una gestión ganar-ganar.
Debemos todos recordar que el recurso minero pertenece al pueblo dominicano, y ese pueblo debe recibirlo convertido en bienestar: en escuelas de calidad, empleos dignos, servicios básicos, conectividad, salud y desarrollo local. Cada operación minera debería ser un modelo de gestión social y ambiental, con beneficios tangibles, auditados y verificables.
La minería moderna no se mide por las toneladas extraídas, sino por el valor compartido que deja atrás. Ha llegado el momento de dejar los extremos: ni explotación sin control, ni inacción disfrazada de prudencia.
Necesitamos un gran pacto nacional que integre al Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil en torno a una visión común de país: una minería que combine seguridad jurídica, eficiencia administrativa y sostenibilidad real.
Ese pacto debe garantizar evaluaciones técnicas, económicas y sociales sólidas, plazos definidos, procesos digitalizados y participación ciudadana efectiva. Solo así la minería será motor de innovación, equidad y prosperidad compartida.
Es momento de Cambiar el chip. Cambiar el chip significa dejar de ver la minería como un permiso o una cifra fiscal, y entenderla como un propósito de nación.
Significa reconocer que detrás de cada gramo de oro o piedra caliza hay ciencia, tecnología, arte, empleo y futuro. Que la eficiencia institucional no es un favor al mercado, sino una forma superior de justicia.
La República Dominicana tiene hoy una oportunidad de oro: transformar su institucionalidad en una ventaja competitiva y su minería en un símbolo de liderazgo responsable para aprovechar los recursos en bien común y en futuro de nuestras generaciones.
Por Elizabeth Mena