EL NUEVO DIARIO, LA PAZ .- Bolivia denunció este miércoles ante la comunidad internacional que las protestas en el país atentan gravemente contra la salud de la población y responsabilizó al expresidente Evo Morales.
La canciller interina del país, Karen Longaric, envió un documento a distintas instancias de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, en el que alerta de la «apremiante situación» que vive Bolivia por las movilizaciones de sectores contrarios a un nuevo aplazamiento en las elecciones.
La carta advierte de «los momentos críticos para el país» que conlleva la pandemia del COVID-19, con un aumento de contagios de la enfermedad.
Longaric califica de políticas las protestas, que «no pueden de ninguna manera ser consideradas pacíficas», con «fuertes efectos sobre el sistema de salud», al obstaculizar el tránsito de personal y de insumos sanitarios, algo que no debería suceder ni «en situaciones críticas de conflictos armados».
La canciller transitoria denuncia que cualquier acción gubernamental es criticada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales como opresión política y considera que es «manifiesto» el nexo entre el expresidente y las movilizaciones.
«Ante esta alarmante situación», la carta pide a los organismos internacionales que censuren lo que califica de una violación de derechos humanos que pone en riesgo la vida de los bolivianos.
Finalmente, lamenta que entidades internacionales defensoras de estos derechos, que repetidamente cuestionan acciones del Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez, ahora «callan» ante las «violaciones» del MAS y Morales.
Las protestas por el nuevo aplazamiento de las elecciones en Bolivia continuaron este miércoles por tercer día consecutivo, en medio de episodios violentos como dinamitar una carretera y cavar zanjas para evitar el paso de oxígeno para enfermos con COVID-19.
Los manifestantes rechazan la decisión del órgano electoral de postergar los comicios para el 18 de octubre por la emergencia sanitaria en el país y exigen que se lleven a cabo el 6 de septiembre como estaba previsto.
Las protestas han sido convocadas por la Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS, y el llamado «pacto de unidad», que reúne a sindicatos de campesinos e indígenas afines al exgobernante.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que también se dirige Longaric, han llamado a respetar el paso de personal sanitario y de insumos médicos pese a las protestas.
