EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de Medio Ambiente aspirante a miembro del Tribunal Constitucional (TC), David Lahoz Brito, sostuvo este lunes que los ríos de República Dominicana siguen siendo depredados por una falta de seguimiento de los permisos.
Al ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Lahoz Brito indicó que hasta ahora la única sentencia paradigmática del TC en materia ambiental es la 167-13 sobre la conservación de Loma Miranda.
“No trata de temas que tienen que ver con playas, temas de ríos y extracción de agregados, que es un problema muy grave en República Dominicana, porque en el momento que estamos aquí, los ríos dominicanos son prestados”, manifestó.
En ese orden, el exprocurador aclaró que lo anteriormente dicho tiene que ver con la permisología que se da en Medio Ambiente, “no porque la perisología sea negativa, sino porque no hay un protocolo de seguimientos sobre lo que dice esos permisos”.
Enfatizó que aunque en el papel se dice una cosa, se hace otra y se producen grandes daños al medio ambiente y que lo mismo pasa con la madera y en otras áreas.
Previo a esa declaraciones, explicó que hasta la fecha las decisiones del TC no son directas sobre el sector consumo, sino tangencial y que en la alta corte hay temas pendientes, que se han discutido y reenviados, por lo en el TC ni en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no hay una jurisprudencia paradigmática.
Para el abogado en el TC y en la SCJ hay una sobrevaloración del derecho del crédito, y que el mismo no es pesado ni balanceado debidamente con el derecho del consumidor, que es un derecho troncal.
“Tenemos un déficit importante en cuanto a los tribunales administrativos”, aseguró para indicar que, según la ley deben de existir para que junto al juzgado de paz sean los jueces naturales de los consumidores.
De ser elegido para el TC dijo que trabajaría en impulsar el contenido social de la Constitución.
También aclaró que el TC se encarga de conocer la constitucionalidad o no de la leyes, para conocer preventivamente los tratados internacionales y que la alta corte no es una tercera jurisdicción, sino un sensor que desde el punto de vista politológico trata de encontrar fallas en los tres poderes públicos, para corregirlas por medio de la ponderación.
