Saber que oficiales deshonestos involucrados en el escándalo del DICAN sean pensionados por el Estado ya de por sí es algo repugnante a la conciencia nacional.
Pero saber que este beneficio económico se les otorga primero que la merecida sentencia condenatoria, es todavía más desagradable.
Las autoridades lo justifican en una Ley que ampara dicha pensión. Ley que URGENTEMENTE hay que revisar, porque se supone que las pensiones han de ser para garantizar un retiro digno al empleo público que le sirvió al Estado, no para aquel que se sirvió de él.
Podrá decirse que faltará la decisión de culpabilidad que emita un juez. Y es cierto, pero igual así pudo esperar el otorgarle esa pensión precipitada, la que ahora todos vemos como un bochorno de grandes magnitudes.
Así no llegamos a ninguna parte…Si es que queremos caminar hacia un mejor país.
POR LUIS BRITO
