EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, designado por decreto por el presidente Luis Abinader para recuperar dinero “sustraído” en actos de corrupción, calcula en más de “ciento un millones, cuatrocientos cincuenta mil trescientos sesenta y siete pesos (RD$101,450,367.27) la defraudación al Estado, de manera personal del mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, imputado en la Operación Coral/Coral 5G.
Los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Rafael Rivas Solano, José Alberto Ortiz Beltrán y Sigfredo Alberto Caamaño García, representantes del Estado en ese caso, calculan que sólo el militar sustrajo la mencionada suma millonaria durante su período de gestión como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), desde el 2012 al 2020.
Explican que a través de auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, se comprobó cómo se produjo un “saqueo sistemático” de las finanzas asignadas al Cusep, la cual el coronel Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero, contando con la anuencia de Cáceres Silvestre.
“Todos los meses, militares y policías que no eran empleados de la institución recibían pagos por nómina, los cuales debían devolver mediante transferencias bancarias a otros militares y policías”, explicaron.
El presunto entramado corrupto consistió en sustraer recursos públicos por medio de las nóminas de personal, de conformidad a lo detectado por los auditores de la Cámara de Cuentas.
De igual manera, establece que los involucrados en este caso devengaron los beneficios económicos de su accionar como asociación de malhechores.
El equipo equipo de recuperación del Estado expresa en un documento que esos militares y policías, algunos entrevistados por el Ministerio Público, otros por los auditores de la Cámara de Cuentas, revelaron que fueron abordados por militares y policías que les requerían su cédula de identidad personal, con el propósito de insertarlos en una nómina desconocida para ellos, debiendo devolver aproximadamente un noventa y seis por ciento (96%) del efectivo que recibían al militar que gestionaba su inclusión al Cusep.
El órgano acusador detalló que Adán Cáceres en el 2012 registró un incremento en sus entradas de un 61.78% en comparación con el año 2011, antes de ser nombrado y «sus mayores entradas en el año 2018» ascendió a RD$35,692,868.90.
A la supuesta red de militares y policías se le atribuye en total un desfalco al Estado de 4,500 millones de pesos.
La estafa al erario público se habría ejecutado a través de la creación de «empresas a nombre de personas relacionadas al financiero» del Cusep, del Cuerpo Especial de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia (Conani).
