EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el arresto de Rafael Olegario Helena Regalado, imputado en el caso Costa Dorada, con el propósito de garantizar la continuidad del juicio, implicado en un supuesto fraude societario en perjuicio de las familias Mayol y Serrano, propietarios de la empresa Costa Dorada.
Helena Regalado se encuentra actualmente recluido en la carcelita del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las magistradas del tribunal acogieron en la audiencia la solicitud del Ministerio Público y de los acusadores particulares para disponer la medida, amparada en el artículo 306 del Código Procesal Penal, con el fin de evitar las tácticas dilatorias utilizadas por el imputado.
Entre esas maniobras se mencionan recusaciones a fiscales y jueces, solicitudes de inhibición, sometimientos disciplinarios infundados y cambios de abogados injustificados, acciones consideradas temerarias y contrarias a la lealtad procesal.
Junto a Rafael Helena Regalado están imputadas Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Francesca Aguasvivas Báez y la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., señalados por falsedad en escritura, uso de documentos falsos y asociación de malhechores para apropiarse fraudulentamente del capital accionario de Costa Dorada y de un terreno de más de 10 mil tareas en Baní.
Los acusadores privados Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation, representados por el abogado Jorge Antonio López Hilario, afirmaron que el proceso será llevado hasta las últimas consecuencias y que esperan sanciones ejemplares contra los imputados.
El caso presuntamente afecta a las familias Mayol y Serrano, despojadas de las acciones de la compañía Costa Dorada y de un terreno costero de más de 6.3 millones de metros cuadrados en Baní. Según la acusación, los implicados fabricaron contratos y actas de asamblea con firmas falsas, incluso de socios fallecidos, para simular ventas de acciones que posteriormente registraron en la Cámara de Comercio y en la Dirección General de Impuestos Internos.
El fraude salió a la luz en 2013, cuando los accionistas intentaron transformar la empresa en sociedad de responsabilidad limitada y encontraron que los usurpadores ya habían completado el proceso de manera fraudulenta.
