RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo Este aplazó para el próximo viernes a las 2:00 de la tarde la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los ocho imputados en una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada el pasado fin de semana.
El Ministerio Público solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo).
También a las colombianas Karen Juliana Chía Gelvez (alias Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal). Además, pidió declarar la complejidad del proceso.
La acusación es coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho, en conjunto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), liderada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, y la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezada por el magistrado Milcíades Guzmán. Las fiscales Flor Jiménez y Ginna Matías forman parte del equipo.
De acuerdo con la investigación, los imputados captaban jóvenes en Colombia ofreciéndoles trabajo como camareras o bartenders en República Dominicana. Una vez en el país, las víctimas eran despojadas de sus documentos, amenazadas con dañar a sus familias y obligadas a pagar supuestas deudas de entre 3,500 y 4,000 dólares para obtener su “liberación”. Más de 40 mujeres fueron rescatadas en la operación.
Está operación se ejecutó el pasado sábado con múltiples allanamientos en Santo Domingo y movilizó a más de 85 agentes, 10 fiscales y especialistas en atención a víctimas, con apoyo de unidades de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Dirección General de Persecución, la Policía Nacional, y el respaldo técnico de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).
Durante la intervención fueron incautados dinero en efectivo, seis vehículos, drogas, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y varios inmuebles utilizados por la red como centros de explotación.
