EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- El presidente de la Segunda Sala Civil y Comercial del Distrito Judicial de Barahona aplazó para el próximo 15 de enero la audiencia que se sigue contra cientos de familias desalojadas de sus viviendas en el sector La Fruta, del municipio Villa Central.
El aplazamiento se produjo debido a que no fue posible notificar a la contraparte del proceso, a causa de las lluvias generadas por el huracán Melissa en esta ciudad.
El juez Emilio González, titular de la Segunda Sala Civil y Comercial de Barahona, acogió el expediente presentado por la barra de los abogados de los presuntos dueños legítimos de los terrenos donde habitan las familias afectadas.
Durante la audiencia, las familias desalojadas, cuyos hogares fueron demolidos con tractores y palas mecánicas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Barahona. Exigiendo que se respeten sus derechos y pidieron una solución a la situación.
Catalina Pérez Santana, una señora de 65 años, relató entre lágrimas que su vivienda fue destruida con sus nietos y familiares dentro. Indignada por la situación, exclamó: “¡Vergüenza contra dinero!”.
De su lado, Andy William Feliz, mostró su disgusto por la decisión del tribunal de posponer la audiencia hasta principios del próximo año. Indicando que “después de Dios, con una palabra del presidente se resuelve este conflicto”.
El dirigente comunitario Víctor Manuel Feliz Díaz expresó esperanzado de que el presidente Luis Abinader intervenga directamente en el caso.
Féliz Díaz explicó que los terrenos donde se ordenó el desalojo, bajo la dirección de Freddy Vargas, han sido habitados por más de 30 años.
Aseguró que las familias construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo y añadió que, según su versión, esos terrenos pertenecían a ciudadanos estadounidenses que los abandonaron al salir del país.
Reiteró que Vargas actúa en representación de la familia Díaz, quienes aseguran ser los dueños de los terrenos.
Según Díaz, estarían intentando apoderarse de las tierras mediante documentos falsificados registrado hace tres años en el Tribunal de Tierras.
De su parte, Raisa Pérez Cuevas madre soltera de cinco hijos, relató que al regresar de su trabajo se encontró c del desalojo. Junto a sus niños, quedo a la intemperie y perdió todas sus pertenencias.
Betania Medina, ama de casa, expresó su frustración por el rechazo de las autoridades del Palacio de Justicia a permitir el acceso a decenas de familias que querían presenciar la audiencia.
Sesarín Féliz, otro de los afectados, señaló que lleva 30 años viviendo en el lugar. Dijo que cientos de familias quedaron en la calle y criticó la indiferencia de las autoridades locales ante el problema.
El 1 de agosto del presente año, las autoridades realizaron un operativo que resultó en la demolición de unas 250 viviendas, principalmente construidas con madera, zinc y blocks, con el uso de equipos pesados. La operación fue supervisada por agentes de la Policía Preventiva, adscritos a la Dirección Regional Sur.
Las familias afectadas incluyen a dominicanos como ciudadanos haitianos residentes en el país. Actualmente, quienes actualmente a la intemperie, sin un lugar donde refugiarse y con sus pertenencias esparcidas por las calles.
Padres, madres solteras, mujeres embarazadas, niños y ancianos exigen una solución inmediata a las autoridades gubernamentales y de los organismos de asistencia social.
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