EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los comunicadores Ángel Martínez y Aquiles Jiménez amanecieron detenidos en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de ser arrestados por separado en el marco de procesos judiciales distintos. Uno está vinculado a difamación e injuria, y el otro, al presunto uso de chalecos antibalas y un vehículo con una placa oficial no registrada ni respaldada por documentos válidos.
Ángel Martínez fue arrestado tras una audiencia en la que se conocía la solicitud de medida de coerción en su contra, motivada por una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Durante la audiencia, celebrada el miércoles en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Martínez fue acusado de incurrir en una conducta irrespetuosa hacia el juez Reymundo Mejía, quien ordenó su detención inmediata.
A su salida del tribunal, el comunicador expresó su inconformidad con la decisión, calificando al actual gobierno como “opresor”, en referencia al proceso legal en su contra. El conocimiento de su medida de coerción fue aplazado para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.
La querella presentada por la ministra Raful está sustentada en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en el artículo 367 del Código Penal. Además, Raful se constituyó en parte civil y solicitó una indemnización de 50 millones de pesos por daños morales y perjuicios.
En paralelo, Aquiles Jiménez fue detenido el pasado martes por agentes de inteligencia de la Policía Nacional mientras conducía por una calle del Distrito Nacional un vehículo BMW negro, año 2021, con una placa oficial no registrada y sin documentación válida. Según las autoridades, al verificar la placa no arrojó resultados, y el automóvil solo contaba con un documento de importación emitido en Miami, Florida.
Jiménez también enfrenta otros procesos legales por difamación. Actualmente, está vinculado a una querella interpuesta por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez, quienes lo acusan, junto a otros tres comunicadores, de realizar declaraciones difamatorias de forma reiterada en medios digitales.
En 2022, fue condenado por la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional por difamar al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla.
