RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Martínez informó este jueves que se enteró de la querella en su contra interpuesta por exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps, por las redes sociales, cuestionando el sistema judicial dominicano.
A su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Martínez aseguró conoce la citación por Instagram.
“Este es el único país que uno se entera que uno tiene una corte por Instagram, la corte aquí tiene que revisarse. ¿Cómo se explica eso? Si no me entero me ponen un grillete que cuesta $10 mil dólares”, manifestó el acusado.
De su lado, Carlos Mesa, abogado defensor de Martínez, aseguró que su cliente asistirá a todas las audiencias, sin importar quien haya realizado la citación.
«No importa si es citado por un alcalde pedáneo de una comunidad rural, Ángel Martínez asistirá; ese es el mensaje que queremos enviar a República Dominicana, que creemos en el sistema de justicia», explicó Mesa.
Sobre la querella
La acción fue presentada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por Milagros Marina De Camps Germán, abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de un conjunto de acciones legales iniciadas el 24 de enero del 2025.
De acuerdo con un comunicado, la querella, suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes, acusa a los imputados de la comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, establecidos en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Difamación sistemática y viralización
Según la querella, la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
La demanda incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$10,000,000.00, a ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
