EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Martínez vuelve a atacar este lunes a Faride Raful, ministra de Interior y Policía, a pesar de múltiples querellas en su contra por difamación.
Martínez, conocido por sus denuncias mediáticas y declaraciones polémicas, advirtió que durante los procesos que se le siguen por difamación revelará lo que considera “informaciones importantes”.
“Yo quiero que ustedes entren al tribunal (la prensa) para que escuchen lo que va a pasar en ese juicio”, expresó el autodenominado “detective” ante los medios de comunicación, sin ofrecer mayores detalles.
Martínez enfrenta varias querellas por difamación y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Otras querellas contra Ángel Martínez
El juez Deiby Antonio Timoteo del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó una garantía económica de tres millones de pesos bajo contrato, así como impedimento de salida del país, para Ángel Martínez, en el marco de la querella por difamación presentada en su contra por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
En otro caso, Sandra Eugenia de la Rosa lo acusa de haberla estafado y extorsionado con 300, 000 dólares entre 2013 y 2020. Según la querella, Martínez se presentó como supuesto investigador de la CIA y el FBI, prometiéndole resolver casos legales.
Ella efectuó alrededor de 80 depósitos en cuentas locales y en Estados Unidos, incluso a nombre del hijo de Martínez. Además, lo acusa de chantajearla con supuestas represalias si intentaba denunciarlo. Los abogados de la presunta víctima solicitaron la intervención de la justicia dominicana y estadounidense, así como una indemnización adicional de un millón de dólares.
El diputado del PRM, Sergio “Gory” Moya, presentó en 2020 una querella contra el comunicador Ángel Martínez por difamación e injuria, tras ser vinculado públicamente con el narcotráfico en el canal de YouTube “Detective Ángel”.
En mayo de 2025, tras levantarse una rebeldía a Martínez, el tribunal dictó la medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país, obligándolo a comparecer ante la justicia. El caso está bajo la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.
