RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Martínez apeló las medidas de coerción que le impusieron dos tribunales del Distrito Nacional por imputaciones de difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía Faride Raful y la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
Su abogado, Carlos Mesa, afirmó este martes que no se pagará ninguna de las garantías económicas ordenadas, ya que confían plenamente en que serán revocadas en la Corte de Apelación.
“En ambos casos no serán pagadas, porque fueron recurridas en apelación y serán revocadas”, declaró Mesa.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica contra Martínez, tras una querella presentada por Faride Raful, quien lo acusa de difamación agravada e injuria, por supuestamente difundir información falsa sobre ella a través de plataformas digitales, incluyendo amenazas con divulgar videos íntimos inexistentes.
Por otro lado, el Séptimo Juzgado de Instrucción, presidido por el juez Deiby Peguero, le impuso el pasado lunes una segunda garantía económica de RD$3 millones, también bajo contrato asegurador, como parte de otra querella por difamación presentada por De Camps Germán.
Ambas medidas fueron apeladas por la defensa, que sostiene que las imputaciones no se sostienen y que las decisiones judiciales serán revertidas en segunda instancia.
Además de estas dos querellas, Ángel Martínez enfrenta varios procesos legales adicionales: La señora Sandra Eugenia de la Rosa lo acusa de estafa y extorsión, por presuntamente haberle sustraído US$300,000 entre 2013 y 2020, haciéndose pasar por agente de la CIA y el FBI.
El diputado Sergio “Gory” Moya, del PRM, presentó en 2020 una querella por difamación, luego de que Martínez lo vinculara con el narcotráfico en su canal de YouTube “Detective Ángel”.
En Santiago, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte presentó una querella tras ser mencionado sin pruebas en un video, en el que fue vinculado a actos de corrupción.
En todos estos casos, Martínez se encuentra bajo investigación por difamación e injuria, delitos contemplados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y en el Código Penal dominicano.
