EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ángel Lockward, acusado en un caso de corrupción administrativa que supera los 21 mil millones de pesos, denunció este viernes haber sido víctima de chantaje y extorsión por parte de abogados de familias querellantes, provocando una fuerte reacción que generó desorden en plena audiencia.
Según su declaración ante el tribunal, los juristas Pablo Castillo, José Javier Bidó y Martín Rubiera, representantes de los Mota, le exigieron gestionar con el también acusado Donald Guerrero, exministro de Hacienda, el pago de 50 millones de pesos a cambio de retirar las querellas en su contra.
Lockward aseguró que estas presiones comenzaron antes de ser arrestado y se extendieron durante el desarrollo del proceso, lo que, a su juicio, evidencia la falta de transparencia de parte de algunos representantes legales de los querellantes.
El togado Castillo, se paró molesto de su asiento y refutó a Lockward asegurando que estaba mintiendo “y ya van dos veces que lo hace”.
La juez jueza Altagracia Ramírez enfatizó que “ el próximo que haga desorden será arrestado y sacado de la sala de audiencias”.
En la misma audiencia, el exministro de Hacienda Donald Guerrero denunció que nunca fue notificado sobre el informe emitido en 2021 por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, documento que el Ministerio Público utiliza como prueba clave para sustentar las acusaciones en su contra.
Guerrero afirmó que dicho dictamen fue elaborado y difundido sin permitirle ejercer su derecho de defensa, lo que constituye una violación al debido proceso.
“Ese informe fue utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, sin notificación ni oportunidad de refutarlo, en abierta vulneración de la Ley 107-13 y de mis derechos fundamentales”, declaró al agotar un turno.
Sus abogados, Mario Eduardo Aguilera y María del Pilar Zulega, adelantaron que solicitarán la exclusión de ese documento por carecer de validez procesal.
Además de Lockward y Guerrero, los procesados Juan Tomás Polanco, Julián Omar Fernández y Alejandro Antonio Constanzo Sosa también hicieron uso de la palabra para realizar aclaraciones sobre las acusaciones que pesan en su contra.
Tras estas intervenciones, el tribunal dispuso el inicio de la fase de defensa técnica de cada acusado, que comenzó con la representación legal de Agustín Ávila.
La audiencia se desarrolla en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la etapa preliminar del proceso que investiga un presunto fraude millonario al Estado mediante la venta irregular de terrenos para financiar la campaña electoral de 2020.
Otros acusados son los exministros Gonzalo Castillo y Ramón Peralta; Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.
Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
