EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador Aneudy Ramírez afirmó que el presunto descalabro financiero del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ocurrió a la vista de las principales autoridades del país, a las que señaló como cómplices por omisión ante lo que calificó como un grave daño al sistema de salud público.
Ramírez sostuvo que el supuesto desfalco se produjo frente a organismos como la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, así como del Gobierno dominicano en su conjunto.
“Yo siempre he dicho que todos son cómplices de lo que ocurrió en el SeNaSa, porque hubo una promoción para afiliar a 2.7 millones de personas pobres en ese seguro de salud”, declaró el comunicador.
El analista se expresó en estos términos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Julio Samuel Sierra, Raquel Rodríguez y Nilson Batista, durante la cobertura en vivo sobre la medida de coerción del caso SENASA en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
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Asimismo, cuestionó que ninguna autoridad haya explicado bajo qué criterios se realizaron dichas afiliaciones masivas ni cuáles fueron los fundamentos legales y técnicos utilizados para incorporar a ese elevado número de personas al sistema.
Ramírez indicó que los contratos firmados, los cuales aseguró fueron aprobados por todas las instancias correspondientes, beneficiaron de manera desproporcionada a sectores empresariales, que recibían 130 pesos por cada afiliado, mientras que el sistema público apenas percibía 20 pesos.
“Fue un crimen de lesa humanidad lo que se ha cometido aquí en la República Dominicana. Yo no hablo desde una posición partidaria; me constituyo como sociedad civil. Aquí no podemos ser políticos, todos tenemos que ser ciudadanos”, enfatizó.
El comunicador hizo un llamado a que se investigue a fondo lo ocurrido en SeNaSa y se determinen responsabilidades, en defensa de los recursos públicos y del derecho a la salud de la población más vulnerable.
