Una vez más, Amnistía Internacional ha decidido enfilar sus críticas contra la República Dominicana, esta vez tomando como blanco el recién aprobado Código Penal. Según la organización, la pieza legislativa carece de ciertos elementos que ellos consideran indispensables, y no han dudado en catalogar sus disposiciones como un retroceso en materia de derechos humanos. Sin embargo, conviene recordar que esta no es la primera ocasión en que la ONG adopta una postura inquisitiva, casi automática, hacia nuestro país, como si la realidad dominicana pudiera medirse con la misma vara que usan para contextos totalmente distintos.
El nuevo Código Penal no es un capricho ni una imposición; es el resultado de años de debates, consultas y negociaciones entre legisladores, juristas y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Pretende dotar al sistema judicial de herramientas modernas para enfrentar fenómenos criminales que han evolucionado drásticamente: delitos tecnológicos, crimen organizado, violencia de género, corrupción administrativa y otras conductas que, hasta ahora, se encontraban en un limbo legal.
Amnistía Internacional suele obviar que cada nación tiene soberanía para definir su marco jurídico conforme a su realidad social, cultural e histórica. Lo que en un país puede resultar aplicable y efectivo, en otro puede ser impracticable o incluso contraproducente. La República Dominicana no legisla para complacer a observadores extranjeros, sino para responder a las necesidades de su ciudadanía.
Tampoco es casual que muchas de las críticas de la ONG giren en torno a temas que, aunque sensibles y legítimos de discutir, no pueden eclipsar el resto de avances que la ley introduce. El debate sobre ciertos artículos específicos, como los vinculados a la interrupción del embarazo o a la tipificación de algunas figuras penales, merece abordarse en un espacio soberano, con respeto a las creencias y consensos sociales existentes. Pretender imponer una agenda única, bajo amenaza de cuestionamientos internacionales, es desconocer el principio básico de autodeterminación.
Esto no significa que el Código Penal sea perfecto o que deba quedar exento de revisiones futuras; ninguna ley lo es. Pero reducirlo todo a una narrativa de “retroceso” es ignorar el esfuerzo que representa modernizar un texto que llevaba décadas estancado, mientras el crimen y la impunidad encontraban resquicios para fortalecerse.
La República Dominicana debe escuchar las observaciones externas con espíritu crítico, sin caer en el servilismo ni en el aislamiento. Las ONGs cumplen un rol importante, pero no pueden erigirse en jueces absolutos de la moral y el derecho. Nuestro país avanza a su propio ritmo, con sus propios desafíos y su propio marco de valores. Y eso, le guste o no a Amnistía Internacional, también es un derecho humano fundamental: el de decidir nuestro destino como nación.
Por Jonior Ramírez