RESUMEN
BRASILIA.– Representantes de países de América evidenciaron profundas diferencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre si la democracia debe ser reconocida como un derecho humano. El debate se desarrolló durante el 187° Período Ordinario de Sesiones, que concluye este viernes en la capital brasileña.
Las discusiones reflejaron dos posturas opuestas. Por un lado, un bloque encabezado por Guatemala defendió que la democracia sea protegida como un derecho fundamental. Por otro, países como Estados Unidos y México sostuvieron que debe entenderse únicamente como una forma de gobierno.
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, afirmó que reconocer la democracia como derecho permitiría ofrecer una protección más integral en la región. Según explicó, esto ayudaría a evitar interpretaciones fragmentadas y facilitaría responder ante retrocesos autoritarios.
Países que impulsan el reconocimiento
La propuesta cuenta con el respaldo de Guatemala, país que solicitó el debate, además de Brasil, Colombia y Uruguay. Estas naciones consideran que elevar la democracia a la categoría de derecho humano fortalecería la institucionalidad y la protección ciudadana.
Posturas en contra generan tensión
Estados Unidos rechazó esta posibilidad, pese a participar en el debate sin reconocer plenamente la competencia de la Corte en su territorio. Su delegación argumentó que incluso países democráticos pueden incurrir en violaciones de derechos humanos.
México coincidió con esa visión y advirtió que ampliar excesivamente los conceptos jurídicos puede resultar contraproducente, al limitar interpretaciones y excluir otras formas de protección de derechos.
Debate limitado y críticas internas
Solo siete países participaron activamente en las sesiones, mientras Panamá y Chile enviaron sus posturas por escrito. En el caso chileno, el pronunciamiento fue remitido antes de la investidura del presidente José Antonio Kast.
El magistrado peruano Alberto Borea Odría criticó el enfoque del debate y cuestionó que la Corte asuma un rol similar al de una “universidad interamericana de derechos humanos”.
Un proceso que tomará tiempo
Desde la sociedad civil, la representante de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Fernanda Fernandes, subrayó que la participación es clave: “No hay derecho más importante que ser escuchado; la democracia sin participación no existe”.
Tras el cierre de las audiencias, los siete magistrados regresarán a la sede en San José, Costa Rica, donde deberán analizar 215 observaciones escritas y una semana de exposiciones.
Se espera que la Corte emita una opinión consultiva sobre el tema, un proceso que podría tardar hasta un año. Este tipo de resoluciones busca interpretar el derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, aunque no genera obligaciones directas para los Estados.
