Recientemente, circuló un artículo titulado “Falsos Positivos»: La obra siniestra del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, es un doloroso recordatorio de cómo la búsqueda de resultados a cualquier costo puede conducir a la más absoluta barbarie” plantea una acusación grave: que los crímenes de los «falsos positivos» fueron consecuencia directa de las políticas de seguridad implementadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y que desde las más altas esferas del poder se articuló una estructura criminal que derivó en más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales. Esta afirmación, aunque legítima en su indignación, exige ser respondida con rigor jurídico, contexto histórico y responsabilidad democrática.
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), Colombia enfrentaba una amenaza estructural por parte de grupos al margen de la ley constituidos en fuerzas armadas irregulares con un dominio geográfico bastante amplio y vinculados al narcotráfico y secuestros, como métodos de financiar sus operaciones guerrilleras, desafiando abiertamente la sujeción a la ley y monopolio de la fuerza, naturaleza fundamental del Estado. La política de Seguridad Democrática fue una respuesta institucional para recuperar el control territorial, proteger a la población civil y restablecer el Estado Constitucional, política enmarcada en los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), buscando garantizar los derechos humanos y la seguridad de millones de personas.
Es fundamental subrayar que Álvaro Uribe Vélez no ha sido condenado por los crímenes de los «falsos positivos». Hasta la fecha, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni la Fiscalía General de la Nación, ni ninguna instancia judicial colombiana o internacional ha emitido una sentencia que lo responsabilice penalmente por estos hechos. La JEP ha documentado patrones operativos e imputado a mandos militares, pero no ha establecido una conexión jurídica directa entre las decisiones del expresidente y los crímenes cometidos. La responsabilidad penal exige pruebas, no inferencias, además las condenas son personales. La presunción de inocencia es un principio universal que protege a todos los ciudadanos, incluidos los exmandatarios.
Además, es necesario aclarar que los grupos paramilitares no fueron creados ni estimulados por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgieron como estructuras armadas ilegales mucho antes de 2002, en el marco de un conflicto interno prolongado. Durante los gobiernos de Uribe, se impulsó un proceso de desmovilización que permitió el desarme de más de 30.000 combatientes, bajo supervisión nacional e internacional. Las decisiones de Estado se orientaron al desmonte de estas estructuras, no a su fortalecimiento. Vincular directamente al expresidente con la génesis o promoción del paramilitarismo desconoce tanto la cronología de los hechos como los esfuerzos institucionales por restablecer el monopolio legítimo de la fuerza pública.
Respecto a la política de recompensas, es cierto que existieron incentivos operacionales dentro de las Fuerzas Militares, como permisos o reconocimientos, pero no existe evidencia judicial que demuestre que el gobierno de Uribe promoviera un sistema de incentivos económicos por bajas en combate. La Directiva Ministerial 029 de 2005, frecuentemente citada en estos debates, establecía lineamientos para recompensas a informantes, no a militares por resultados letales. La distorsión de estos mecanismos por parte de algunos actores operativos constituye una desviación criminal que debe ser sancionada, pero no convierte la estrategia estatal en crimen sistemático.
En el marco del conflicto armado interno, el Estado colombiano tenía la obligación de aplicar el DIH. Las operaciones militares desarrolladas bajo la Seguridad Democrática se enmarcaron en los principios de distinción entre combatientes y población civil, proporcionalidad en el uso de la fuerza, y protección de personas y bienes no involucradas en hostilidades. Las violaciones cometidas por algunos miembros de la fuerza pública constituyen crímenes que deben ser sancionados, pero no implica responsabilidad automática del mando político.
Uribe fue elegido democráticamente en dos ocasiones con amplio respaldo ciudadano. Su gobierno impulsó reformas sociales, fortaleció la inversión extranjera y logró avances en infraestructura, salud y educación. Reducir su legado a una narrativa de barbarie desconoce la pluralidad de resultados y la complejidad del contexto.
El caso de los «falsos positivos» debe ser esclarecido con rigor, sin prejuicios ideológicos ni presunciones de culpabilidad. Álvaro Uribe Vélez merece, como cualquier ciudadano, el derecho al debido proceso y a una evaluación objetiva de su gestión. La memoria histórica debe ser justa, equilibrada y capaz de reconocer tanto los errores como los aciertos. Solo así Colombia podrá avanzar hacia una reconciliación auténtica, donde la verdad no sea instrumento de revancha, sino fundamento de paz.
Juan Manuel Morel Pérez
Abogado, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
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