RESUMEN
“El futuro depende de lo que hacemos en el presente.” Mahatma Gandhi
En días pasados surgieron críticas al modelo de los proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP), afirmando categóricamente que no había logrado nada, y algunos facinerosos se hicieron eco de este sofisma. Sin embargo, proyectos como los llevados a cabo en Pedernales, una provincia detenida en el tiempo producto de la desigualdad económica, siendo honestos, el denominado sur profundo fue obviado por las administraciones del Estado, desde las de extinto Joaquín Balaguer hasta que surgió el proyecto de APP Cabo Rojo.
Partiendo de la realidad económica de Pedernales, históricamente basada en la agricultura de los cultivos de café y frijoles, la ganadería y la pesca, se encuentra en una fase de transformación masiva hacia el turismo. Con una población de aproximadamente 21,207 habitantes, dicha región está siendo impulsada por un megaproyecto como es Cabo Rojo, con inversiones de US$2,200 millones, que incluye 12,000 habitaciones de hotel, aeropuerto y un puerto de cruceros que ya se encuentra activo, recibiendo cruceros y llevando la dinamización de la economía circular en beneficio de los pedernalenses y del país.
Esas 12,000 habitaciones hoteleras crearán las plazas de empleo que durante tantos años han anhelado en Pedernales y en toda la periferia del sur profundo. Evidencia palpable de esto es la llegada de grandes cadenas de supermercados que ya se han instalado en Barahona. Cito a la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso: “Coincidencialmente, en 2023 importantes empresas abrieron sus puertas en la región sur: Baní, Azua y Barahona. Empresas como Bellon, La Sirena, Plaza Lama, Olé y otras.»
Algo concatenado al desarrollo de la provincia Pedernales, producto del modelo de desarrollo de las APP. Partiendo de la realidad de la provincia La Altagracia, que el 40 % de su empleomanía está ligada al sector turismo, residen en Higüey y se trasladan a los polos turísticos de envergadura, como son Punta Cana y Bávaro. Históricamente, provincias como Higüey y La Romana concentran porcentajes significativos de la ocupación en la región Este, con un notable 2.7 % y 2.2 %, respectivamente, en registros de anuarios laborales, destacando la demanda de personal turístico.
Este paralelismo es para explicar los ejes transversales que logran, en el desarrollo de los pueblos, los proyectos APP.
La modificación de la Ley Núm. 47-20 de alianzas público-privadas responde a una de las críticas que hizo un importante empresario del sector construcción, la cual esbozó luego de anunciado dicho proyecto de modificación de tan importante pieza legislativa.
La razón de ser de los proyectos APP en América Latina, cito un fragmento del trabajo Asociaciones Público-Privadas en el Sector de Agua y Saneamiento en América Latina, autoría de Gerónimo Frigerio y Magalí Gómez Kort: “La implementación de asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe tuvo su auge a principios de la década de los noventa, cuando se evidenciaron falencias en la prestación de servicios públicos que llevaron a los países a incorporar al sector privado para mejorar su eficiencia. Se pueden advertir diferentes generaciones, etapas en la implementación de asociaciones público-privadas en la región. La primera generación ha estado marcada por las necesidades financieras de los gobiernos.”
El desafío para los gobiernos de la región para el financiamiento de obras de gran envergadura ha sido un pasivo acumulado por años; sin embargo, con el mecanismo implementado de las APP se han logrado llevar a cabo proyectos como, en el caso de nuestra media isla, el de Cabo Rojo en Pedernales, que es el pinino de los proyectos de APP y representa la mejoría de miles de habitantes en una provincia con altos índices de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad que podrán acceder a la movilidad social.
Cito el artículo El financiamiento privado de la infraestructura pública: una oportunidad para transformar el desarrollo, de Wandy Tejada: “Durante décadas, la infraestructura pública fue financiada directamente por el Estado, mediante presupuestos públicos o endeudamiento soberano. Este modelo permitió avances importantes, pero también evidenció limitaciones: rigidez fiscal, retrasos recurrentes y baja eficiencia operativa.”
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evidenció que la mayoría de los proyectos en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú se orientan a los siguientes segmentos: transporte y movilidad, equivalente al 40.5 %; agua y saneamiento, 16.5 %; urbanización, vivienda y edificación, 9.5 %; energía y minas, 7.3 %; educación, 5.3 %; y salud, 4.3 %. La naturaleza de estos proyectos corresponde a bienes y servicios que, en principio, no son rentables para el sector privado, por la gran inversión requerida y su naturaleza no excluible. Por lo tanto, estos proyectos son viables únicamente con la intervención del Estado y, gracias a las APP, son sostenibles a largo plazo.
Estos datos revelan que los proyectos APP inciden directamente en la mejora de sectores intrínsecos de la calidad de vida de las personas, como son movilidad y transporte, salud, educación y economía.
En el artículo Desafíos y oportunidades de las alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe se establece que el informe de Infrascopio 2023/2024, desarrollado por Economist Impact, destaca que la inversión en APP en infraestructura ha crecido más del 15 % desde el último análisis en 2021/2022, y el número de proyectos ha aumentado un 25 %. Estos números reflejan un compromiso creciente por parte de los gobiernos y el sector privado para colaborar en soluciones a largo plazo, incluso en un contexto económico global complicado.
Según el estudio Impacto fiscal en APP en América Latina y el Caribe, las APP se pueden constituir en un mecanismo clave para el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos; permiten a los gobiernos acceder a mejor calidad, mayor eficiencia y eficacia de entrega, así como atraer capital privado. Este esquema es usado intensivamente en ALC desde hace varias décadas. Solo en los últimos 10 años se registraron 1,074 proyectos APP en América Latina y el Caribe, con una inversión agregada de US$344 billones.
Al analizar uno de los tantos proyectos de APP en Colombia está el caso de Cartagena: una APP entre el departamento municipal de obras públicas y un ente privado español, que logró la expansión de la cobertura de las conexiones de agua potable al 99 % de los hogares en 2005, desde un 70 % en el año 1995, y las conexiones de alcantarillado al 75 % en 2005, desde un 55 % en 1995. Al mismo tiempo, para reducir la presión fiscal sobre las autoridades de la ciudad, la nueva administración mejoró la productividad y aumentó las tarifas, junto con un subsidio cruzado a los segmentos de bajos ingresos. Los incentivos también fueron construidos para vincular los ingresos de los socios operativos al desempeño financiero de la empresa. Además, el proyecto consultó extensamente a la comunidad y, como resultado, goza de un apoyo significativo de la comunidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Asimismo, en Guatemala, una iniciativa de electrificación con un grupo inversor español superó los objetivos de electrificación de referencia establecidos en el contrato en dos años y amplió considerablemente el acceso rural a la electricidad.
Plantear que el modelo de proyectos APP en el país no ha logrado nada es una tergiversación que parte de una concepción errónea y, por demás, los datos matan relatos al ver lo logrado en beneficio de Pedernales y, a futuro, para la nación. Lo vital que han sido en países hermanos como Brasil, Colombia y Chile confirma que la República Dominicana ha realizado la apuesta correcta en los proyectos de Alianzas Público-Privadas.
Entiendo prudente concluir con la siguiente frase de Émile Zola, cito: “Creo que el futuro de la humanidad está en el progreso de la razón a través de la ciencia.”
Por Jesús M. Guerrero, hijo