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4 de febrero 2026
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Alcaldía Santiago aclara sobre auditoría que arroja irregularidades; recuerda el acusado fue sometido

Alcalde Abel Martínez. (Fuente externa).
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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Alcaldía de Santiago informó este viernes que desde que el alcalde Abel Martínez hizo de público conocimiento la ocurrencia de serias irregularidades cometidas por René Guzmán Corporán, el entonces director de Recursos Humanos del referido ayuntamiento, ya había procedido a su destitución y sometimiento a la justicia.

En el mismo expediente acusatorio en contra del entonces funcionario, los abogados al servicio del cabildo, Jesús Méndez y Fernando Ramírez, también solicitaron que la Cámara de Cuentas procediera a la realización de una auditoría que abarcara el período en cual se desempeñó el imputado, indica la nota de la administración municipal santiagués.

Añade que esos fueron los resultados que salieron a luz pública en coincidencia con las denuncias hechas por el alcalde Abel Martínez, sobre manejos irregulares en perjuicio de la institución.

A raíz de dicha denuncia fue que la población se enteró de las irregularidades cometidas por el entonces director de Recursos Humanos, donde la prensa fue convocada al despacho municipal y ahí se dio a conocer todo el entramado que culminó con un desfalco millonario en contra de las arcas del ayuntamiento local.

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En todo momento la alcaldía de Santiago afirma que mantuvo el interés de que el imputado fuera condenado, ya que las pruebas aportadas sustentaban un expediente acusatorio con méritos suficientes para que el tribunal se pronunciara en favor del cabildo, más sin embargo el acusado salió en libertad.

Los representantes legales del Ayuntamiento de Santiago depositaron pruebas en contra del señor Guzmán Corporán, que dejaban al desnudo la comisión de actos irregulares que lo comprometían con sustraer recursos de forma irregular.

Desde que el ex funcionario fue sometido a la justicia, tanto el alcalde Martínez como los demás funcionarios municipales se mantuvieron del lado del Ministerio Público, para colaborar con el esclarecimiento del caso, que se convirtió en un desfalco en perjuicio de la ciudad.

Incluso, agrega que se contribuyó para que el imputado fuera pedido en extradición desde España, país donde huyó para burlar a las autoridades judiciales, pero fue capturado a su llegada clandestina por el Aeropuerto Las Américas, en el mes de marzo del 2018.

René Guzmán Corporán habría burlado las alertas de impedimento de salida que tenía en esa nación iberoamericana, a solicitud de la Procuraduría General de la República y que mediante acta de audiencia le fue concedida su libertad por un juez español, con la condición de entregar su pasaporte a los fines de que no abandonara el país, acuerdo que fue violado por el acusado.

En ese entonces las autoridades determinaron que Guzmán Corporán tenía dos pasaportes, razón por la que pudo regresar, pero fue detenido a su entrada a territorio dominicano.

Ya estando en el país, las autoridades municipales habían aportado todas las pruebas para que fuera condenado, pero fue favorecido con la orden de un juez y el cabildo apeló dicha sentencia conjuntamente con el Ministerio Público, que siempre mantuvo su firme creencia de que el ex funcionario había manejado recursos municipales para su beneficio particular.

El pasado martes se conocería el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santiago, contra el imputado y aunque la barra de la defensa del cabildo estuvo presente, no ocurrió así con el imputado, ni sus defensores, por lo que el caso fue reenviado.

Lo que arrojó la audiditoría

Se recuerda que  la referida auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la primera gestión como alcalde de Abel Martínez Durán (2016-2020),  demostró que se cometieron una serie  de irregularidades que van desde la emisión de cheques a personas que nunca lo recibieron por una diferencia de más de RD$ 67 millones entre las nóminas, lo registrado y la ejecución presupuestaria.

El arqueo abarca el período comprendido entre los años  2016 al 2018 y, entre otras anomalías, detectó  el pago de RD$ 6 millones 16, 445 a personas que estaban en nóminas de otras instituciones públicas.