RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz, apoyó este lunes la Ley 225-20 sobre residuos sólidos donde expresó sentirse obligado en alzar la voz en favor de los municipios y del desarrollo sostenible del país.
La modificación a la Ley 225-20, actualmente en discusión, representa una oportunidad histórica para fortalecer la gestión de los residuos sólidos y garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en el impacto ambiental que generan.
«No podemos seguir permitiendo que la carga recaiga únicamente sobre los gobiernos locales y la ciudadanía, mientras los grandes generadores de desechos buscan evadir su compromiso», expresó Ortiz.
El debate en torno a estas modificaciones refleja una realidad innegable
El sector empresarial se muestra renuente a asumir costos adicionales para la correcta gestión de los residuos que produce. Sin embargo, esta reforma no busca perjudicar a nadie, sino establecer un sistema más justo y eficiente en el que quienes generan más desechos también contribuyan proporcionalmente a su manejo.
Asimismo, dijo que si quieren ciudades limpias en el futuro, la modificación en discusión debe aprobarse. La recolección y el tratamiento adecuado de los residuos es un tema de salud pública, calidad de vida y desarrollo sostenible. No es un lujo ni un gasto innecesario, sino una inversión en el bienestar de nuestra gente. Los municipios necesitan recursos y herramientas para enfrentar este desafío, y esta reforma nos permitiría acceder a fondos provenientes de los sectores que más contribuyen a la generación de residuos.
De aprobarse estas modificaciones, los ayuntamientos recibirían recursos significativos que transformarían la gestión de los residuos sólidos en nuestros municipios. Por ejemplo, San Pedro de Macorís tendría acceso a 6,525,690 pesos mensuales, lo que permitiría mejorar la infraestructura de recolección, adquirir nuevos equipos y optimizar las rutas de limpieza en la ciudad. Municipios más pequeños, como Consuelo y Quisqueya, también se verían beneficiados, con ingresos de 1,216,410 y 682,500 pesos mensuales respectivamente, recursos que fortalecerían sus planes de saneamiento.
Abordó que el país no puede seguir bajo un modelo en el que los gobiernos locales asumen la totalidad del problema sin apoyo suficiente.
«La modernización de nuestra legislación ambiental es una necesidad inaplazable y cada día que se retrasa esta reforma, seguimos acumulando basura en nuestras calles y contaminando nuestros ecosistemas. Las empresas que se resisten al cambio deben entender que no pueden desligarse de su responsabilidad social y ambiental», concluyó.
