La decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para impedir la deportación de cinco millones de personas del territorio estadounidense que viven de manera ilegal, al menos es un gran alivio para los inmigrantes.
La medida del mandatario está condicionada a aquellas personas con, al menos, cinco años viviendo en los Estados Unidos de manera ilegal y que no tengan ningún antecedente delictivo. Este paréntesis abre una brecha importante para que quienes estén en este estatus inicien el proceso para regularizarse.
Se calcula, sin embargo, que viven allí algo más de 14 millones de personas de forma ilegal, y hasta ahora cada uno de esos ciudadanos corre el riesgo de ser deportado de los Estados Unidos. Esa es una migración económica esencialmente. Gente buscando progresar y poder ayudar a sus familias, y por tanto una deportación no sólo resulta un impedimento de estar en el espacio en que han logrado ir colocándose, si no que resulta frustrante para alcanzar su sueño, el de querer vivir mejor.
Es una decisión que tendrá repercusión política en el escenario de los republicanos y los demócratas, sobre todo, porque los primeros han sido más reticentes a otorgar facilidades en el campo migratorio. Incluso, esta medida presidencial se hace justamente frente al fracaso de poder pasar una reforma migratoria por el Congreso, pese a ser una iniciativa en los dos períodos en que le ha tocado gobernar al presidente Obama.
Muchos de esos inmigrantes son de origen hispanoparlantes y como es lógico ahí se encontrará un grupo de dominicanos que viven en ese país de manera ilegal. Ahora se abre una posibilidad que los beneficiarios deberán aprovechar porque habrá mucha resistencia a esta medida.
