EL NUEVO DIARIO, BANGKOK.- Al menos 90 parlamentarios birmanos se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario tras ser arrestados por las fuerzas de la junta militar, mientras que decenas se encuentran huidos, según un informe divulgado este jueves que alerta de un aumento de la persecución de los diputados y senadores en el Sudeste Asiático.
El colectivo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR, siglas en inglés), autor del informe, señaló en un comunicado que la situación de los legisladores se ha deteriorado principalmente en Birmania (Myanmar) a raíz del golpe de Estado del pasado 1 de febrero, pero también en otros países de la región.
«Os hablo de un lugar lejos de mi hogar (…) Tuve que huir a la selva para sobrevivir. Los drones del Ejército están siempre sobrevolando en la selva. Tengo que moverme de lugar a menudo para evitar ser arrestada», dijo la parlamentaria depuesta birmana Myat Thida Htun durante la presentación del informe en una conferencia virtual.
La diputada birmana se encontraba en la capital para tomar posesión de su escaño en el Parlamento cuando los militares liderados por el general Min Aung Hlaing tomaron el poder en un levantamiento que ha sumido al país en una profunda crisis y en una espiral de violencia.
Myat Thida Htun señaló que los parlamentarios detenidos están expuestos a la tortura y las malas condiciones en las cárceles, donde según la ONU han muerto al menos 50 personas detenidas a raíz del levantamiento militar, incluido un diputado debido a la covid-19.
«En la prisión niega el tratamiento médico a los detenidos», aseguró la birmana.
Según el informe, titulado «Parlamentarios en peligro: represalias contra los parlamentarios opositores en el Sudeste Asiático en 2021», hay 14 mujeres entre los parlamentarios detenidos, lo que las pone en riesgo de abusos sexuales por parte de las fuerzas de la junta militar.
APHR también denunció la campaña de desinformación y de acoso en Filipinas contra parlamentarios independientes bajo falsas acusaciones de apoyar a la insurgencia comunista, así como la detención de la senadora Leila de Lima, que lleva casi años en prisión acusada de tráfico de drogas.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y expertos de la ONU han defendido la inocencia de De Lima, rival del presidente Rodrigo Duterte, y pedido su liberación inmediata.
Según el informe, parlamentarios en Tailandia han sufrido el acoso por parte de las fuerzas de seguridad por criticar al Gobierno, mientras que diputados malasios han sido sometidos a interrogatorios y acusaciones policiales por criticar los excesos del estado de emergencia por la covid-19, que supuso la suspensión del Parlamento durante siete meses.
En Camboya, el Gobierno de Hun Sen ilegalizó al principal partido de la oposición en 2017 y desde entonces a emprendido una batalla judicial contra decenas de exparlamentarios detenidos o en el exilio con diversas condenas dictadas este año.
