RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los ahorrantes en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), que el Ministerio Público investiga por supuesto fraude de uno RD$2,500 millones, solicitaron este martes el apoyo del presidente Luis Abinader, para poder recuperar su dinero invertido en la institución.
En la parte frontal de la Procuraduría General de la República, varias personas que se querellaron contra los supuestos estafadores, reclamaron la entrega de su dinero invertido.
“Nosotros queremos exigirle al presidente que nos ayude, ya que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo ( Idecoop) y ninguna otra institución quiere ayudarnos, él tiene la manera de ayudarnos”, expresó la señora Elvira, una madre viuda afectada.
Explicaron que algunos de los que tienen millones ahorrados en la institución le han hecho la devolución, pero a los más necesitados ni caso le hacen.
De su lado, Alva Valdez, quien dijo pertenece a un grupo de 75 personas estafadas, dijo que los apresados por el caso se burlan de ellos con gestos insultantes y cuando están en audiencia no tiene respuesta con relación a sus ahorros.
Se recuerda que, la Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó las medidas de coerción consistente en prisión, arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que son imputados en este caso.
La prisión preventiva fue impuesta a Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Los implicados fueron arrestados el 4 de octubre del 2023 durante un operativo denominado Operación Búho.
La Fiscalía de Santo Domingo Oeste informó que los implicados en el entramado enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.
También por maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
