EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Asociación de Agentes Hípicos de la República Dominicana emplazó a la Administración del Hipódromo Quinto Centenario y al Estado dominicano al pago de más de 54 millones de pesos que alegadamente le adeudan por concepto del porcentaje del fondo de transferencia fijado a su favor mediante una resolución de la Comisión Hípica Nacional.
Mediante un acta de alguacil fechada el día 11 del mes en curso, ASOCAHIRD demanda el pago de RD$54,845,384.22 y cita a los representantes de la administración general del Hipódromo Quinto Centenario y al Estado dominicano y les cita a comparecer ante el Tribunal Superior Administrativo en el plazo de la octava franca.
El acta indica que la suma se establece en virtud de un cálculo realizado a partir de la suma de RD$4,661,857.66 que, según el departamento de contabilidad del parque de carreras de caballos, le corresponde a ASOCAHIRD por concepto del 8 por ciento del denominado fondo de transferencia, relacionado con las apuestas que se hacen desde el país a las competencias de hipódromos del extranjero.
A esa suma se adiciona lo correspondiente por el mismo concepto a los años desde el 2016 al 2020, tomando como base la suma que se refiere al 2015.
El acta, entregada en el mismo hipódromo y en la sede de la Presidencia de la República por el alguacil Eulogio Amado Peralta Castro a nombre del licenciado Isidro Frías Castillo, indica que el emplazamiento se hace en vista de la negativa a obtemperar al pago de la suma antes indicada, pese a dos intimaciones de pago anteriores de fechas 23 de agosto de 2019 y 16 de julio de 2020.
La intimación también hace alusión a lo que considera una violación a la Constitución y a la ley de que una persona o institución se supervise a sí mismo, en referencia a los anteriores miembros de la Comisión Hípica Nacional, que tenían funciones administrativas en adición a su condición de ente supervisor y regulador de las carreras de caballo y todo lo atinente a la actividad hípica.
El documento expresa al respecto que “con una ligereza censurable y cuestionable”, el Consejo del Estado Dominicano dictó un decreto nombrando a una persona o institución para que se supervise a sí mismo, lo que constituye una violación a la Constitución y las leyes dominicanas.
Mediante al acta de alguacil, el representante legal de la ASOCAHIRD, solicita al Tribunal Superior Administrativo condenar a sus requeridos al pago de la suma antes citada y de la costas del procedimiento a su nombre, licenciado Isidro Frías Castillo.
También, ordenar la ejecución sin fianza y sobre minuta de la sentencia a intervenir, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma.
