EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Santiago, Geovanny Tejada, se refirió al caso de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, quien demandó a miembros de un canal de televisión por difamación e injuria, afirmando que los funcionarios públicos deben estar expuestos a que sus acciones sean cuestionadas.
Tejada reconoció que cualquier ciudadano que se sienta afectado en su honor tiene el derecho de presentar una querella. Sin embargo, sostuvo que los funcionarios públicos deben ser cautelosos en situaciones como estas.
“Como funcionarios públicos, deben estar expuestos a que sus acciones sean cuestionadas, incluso que sean de manera muy crítica y ácida”, advirtió el dirigente político.
Tejada hizo estos comentarios durante una entrevista con los comunicadores Rafael Zapata, Nadia Andújar y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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El dirigente aclaró que no es lo mismo que se realice una expresión difamatoria hacia un particular que hacia un funcionario público, ya que las críticas no se expresan de misma manera. Enfatizó que los funcionarios están más expuestos a que sus actos sean cuestionados por el público.
En otro orden de ideas, Tejada también se refirió a la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), recordando que esta ley entra en contradicción con la Constitución de la República, especialmente en lo relacionado con el derecho fundamental a la libertad de expresión, sobre todo en el ejercicio de la prensa.
“Una ley que obligue a un periodista a revelar su fuente, la cual muchas veces trae noticias que pueden considerarse neurálgicas, puede limitar mucho la libertad del periodismo”, expresó.
El dirigente político también indicó que esta ley entra en conflicto con la Constitución, y señaló que, en su momento, el presidente de la República se comprometió a hacer una revisión profunda de la legislación para buscar un mayor consenso
«En caso de que el presidente no lo haga, aquí hay organizaciones como Finjus deben de elevar una instancia al Tribunal Constitucional para que esos artículos sean declarados inconstitucionales» concluyó.
