EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La activista provida Damaris Patrocinio ha advertido que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no debe estar bajo la dependencia del Gobierno.
En relación con el reciente acuerdo alcanzado por la comisión encargada de revisar la Ley 1-24, que crea la DNI, con representantes de la Asociación de Diarios Dominicanos, el Gobierno, el sector empresarial, juristas y la sociedad civil, Patrocinio espera que se incluya la modificación del artículo 8.
Patrocinio reiteró que el DNI debería estar bajo la custodia de instituciones independientes, como el Ministerio Público, en lugar del Gobierno. Argumentó que la presidencia no debería tener un organismo de investigación bajo su control, ya que eso podría resultar en un exceso de poder frente a sus adversarios y a la población en general.
“Si el DNI está bajo la dependencia de la Presidencia, eso representaría un gran poder frente a sus adversarios y a la población en general», advirtió durante su intervención en el programa “Aquí Hablamos Claro», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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La activista argumentó que el presidente no puede concentrar tanto poder, ya que la presidencia no dispone de organismos de investigación. Aunque Patrocinio señaló que no está al tanto de los artículos específicos que se han modificado, enfatizó la importancia de establecer claramente a quién debe rendir cuentas el DNI, ya que la ley actual parece eximirlo de esta obligación.
Criticó la visión del Gobierno, que considera que la Ley del DNI solo afecta a los directores de medios y no toma en cuenta a la sociedad civil. “Estamos excluidos de la discusión», sostuvo.
Patrocinio también criticó la falta de representación de entidades clave en la comisión, como el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y jueces de instrucción, entre otros.
Finalmente, pidió una reformulación integral de la ley, calificándola de “mal redactada” y argumentando que infringe más de 20 artículos de la Constitución, carece de coherencia estilística y contiene términos que pueden prestarse a malinterpretaciones.
No sabemos bajo qué concepto se trabaja en el Congreso y todas las personas que estuvieron incidencia en la aprobación de esa ley o si es que el jurídico del Poder Ejecutivo le falta pericia en la redacción de leyes”, criticó.
