RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La representante de la sociedad civil y presidente de la asociación Juventud Con Una Misión (Jucum), Omayra Álvarez, pidió este jueves ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la aprobación del Código Penal sin las causales.
Al agotar su turno en la vista pública habilitada en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, Álvarez lamentó que la pieza jurídica más importante para poder enfrentar tanta corrupción, violencia, crímenes pasionales, entre otros flagelos, esté siendo torpedeada por personas a las cuales «no les interesa la nación y, usando retóricas ilógicas aprendidas de terceros, impulsan la inclusión del aborto en tres causales», señala un comunicado.
«Es indignante ver cómo se oponen a la aprobación de este código, que, si bien no es perfecto, está más apegado a nuestra Constitución que sus pretensiones progres que buscan incluir leyes que no están avaladas en nuestra legislación nacional», expresó.
En ese orden , Álvarez solicitó a la Comisión de Justicia, que defienda el derecho a la vida desde su concepción y que el aborto se mantenga penalizado sin ninguna excepción, como lo establece el Artículo 37 de nuestra Carta Magna.
«El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte», indicó.
La representante de Jucum puntualizó que si no puede aplicarse la pena de muerte a los violadores, asesinos y sicarios, «jamás debe permitirse que se le aplique a un ser humano inocente”.
«Negarle la vida a una persona es el acto de mayor desigualdad y discriminación que pueda existir. Toda vida vale, todos tenemos derecho a vivir. Negar ese derecho es suprimirle todos los demás derechos, porque sin vida, no hay derechos», advirtió.
Agregó que, como congresistas no pueden legislar ni basados en ideologías, ni en las preferencias personales de minorías que pretenden subyugar a las mayorías; sino, que deben legislar a favor de toda la nación dominicana.
Además, consideró como una locura que las mujeres dominicanas sean aconsejadas para decidir matar a sus hijos en el vientre, mientras que los hospitales dominicanos están llenos de ilegales haitianas que, «sin pudor ni control, paren y fuerzan al Gobierno a hacerse cargo de sus hijos, por lo que, como ilegales extranjeros, drenan más del 16 % del Presupuesto Nacional de Salud y sin mencionar lo que invierte el Ministerio de Educación como resultado de esta migración de vientre que atenta contra la Soberanía Nacional».
