RESUMEN
En los últimos años se ha instalado en el discurso sanitario un tono sereno, casi pedagógico, que habla de “eficiencia del gasto”, “uso racional” y “optimización de recursos”. En apariencia, se trata de una conversación técnica: cómo ordenar mejor las compras, cómo reducir los costos, cómo evitar el desperdicio. Pero detrás de esa serenidad lingüística se oculta un desplazamiento profundo: el derecho a la salud —y en particular el acceso a medicamentos— ha sido traducido al idioma de la administración financiera. No se discute ya cómo garantizar la vida, sino cómo hacerla compatible con el presupuesto.
Esa lógica, presentada como racional y moderna, ha naturalizado la idea de que el acceso a un medicamento depende de la capacidad institucional de adquirirlo o del poder adquisitivo del paciente. Lo que antes se habría considerado una falla del sistema —no tener el tratamiento disponible— hoy se presenta como un problema de gestión. Se culpa al proceso, no al modelo. Y así, mientras se redactan estrategias de “abastecimiento sostenible”, la población aprende a vivir con la escasez como si fuera parte del orden natural de las cosas.
El discurso institucional enseña que no hay recursos suficientes para todos, que hay que priorizar, que las terapias innovadoras son demasiado costosas. Lo que en otros tiempos hubiera sido un reclamo político se convierte en un argumento contable. Se instala una pedagogía de la sensatez: aceptar menos, pero con orden; esperar más, pero con paciencia; pagar más, pero con resignación. Es una racionalidad que se disfraza de prudencia mientras legitima la desigualdad.
En la práctica, el sistema funciona como una máquina que produce exclusión en nombre de la eficiencia. La negación del acceso a medicamentos no es un efecto colateral de la reforma, sino una pieza de su engranaje. El modelo necesita límites, y los límites se aplican sobre los cuerpos más vulnerables. Se celebra la “cobertura universal”, pero se calla que esa cobertura no incluye los tratamientos de alto costo; se exhiben cifras de afiliación, pero se omite que el acceso real depende de los acuerdos con intermediarios; se invoca la “racionalidad”, pero se silencia que la razón se mide en pesos, no en vidas.
Lo más preocupante es que esta lógica se ha vuelto cultural. Se reproduce en los consultorios, en las farmacias, en los medios y hasta en las conversaciones familiares. Se repite que “el medicamento está escaso”, que “el seguro no lo cubre”, que “hay que esperar la próxima licitación”. Esa repetición cotidiana crea sentido: enseña a la gente a no esperar justicia, sino eficiencia. Así, la reforma sanitaria logra algo más profundo que reordenar presupuestos: reorganiza las expectativas sociales sobre lo que es posible en materia de salud.
Recuperar el derecho a los medicamentos exige más que una política: requiere un reaprendizaje colectivo. Comprender que el medicamento no es un bien de consumo, sino un componente esencial del derecho a la vida; que la escasez no es destino, sino diseño; que el lenguaje técnico, cuando se usa para justificar la exclusión, es una forma sofisticada de negación.
Una tarde cualquiera, en una farmacia privada, una mujer de rostro cansado extiende su receta. El dependiente teclea los nombres en la computadora y, tras un silencio que ya se adivina, pronuncia el veredicto: “Ese no está disponible. El sustituto cuesta cinco mil pesos.” Ella suspira, dobla la receta con cuidado, la guarda en la cartera y dice apenas: “Voy a ver si lo consigo después.” No hay enojo, solo una calma aprendida. Esa escena —repetida miles de veces cada día— es la verdadera lección del sistema: una pedagogía de la resignación que enseña que la salud tiene precio y que el derecho puede esperar. Pero todo aprendizaje puede revertirse: basta con que la sociedad recuerde que el medicamento no es mercancía, sino memoria viva del derecho que aún nos pertenece.
Dr. Roberto Lafontaine
Miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO
Profesor universitario y exdirector de hospitales.