La República Dominicana es una nación abrumada de una superestructura institucional, leyes y códigos, pero sin hábitos para su cumplimiento. Nuestro entramado se ha hecho tan complejo que nos implica con frecuencia mucha dificultad poder desatar la madeja. Las cosas se nos quedan entre los recovecos de tantas manos que tienen que ver con lo mismo. Y un viejo dicho reza que responsabilidad de muchos, no es de nadie.
Y ya más conceptualmente se establece que la diferencia entre las naciones civilizadas y aquellas que no son radican esencialmente en que en las primeras las normas son simples de aplicación rigurosas y en que en las segundas es lo contrario. Es decir, leyes draconianas de aplicación flexible. Y en muchos casos de impunidad total, casi como si se trataran de leyes que nacieron muertas.
Pudiéramos decir que la sobreabundancia agita, y cuando llegamos a ese punto en que la aplicación de la ley se dificulta por falta de claridad hacemos inoperante los mecanismos y los procedimientos para la aplicación de la misma. Es una realidad que se nos muestra a cada momento. Podemos decirlo con el nuevo Código Penal en que, por ejemplo, hemos aumentado la pena hasta 40 años con posibilidades de llegar hasta 60 años de prisión sin que por lo regular muy pocos cumplen, por no decir nadie, la máxima de 30 años.
Es obvio que esta decisión tiene como positivo el cúmulo de penas, es decir que nadie quedará impune por un delito cuando tenga más de uno en que se aplicaba la máxima del más grave. Cierto también que se han introducido otros aspectos que vienen a llevar una ausencia clara de sanciones por la tipificación de algunos delitos, como los feminicidios y el ácido del diablo.
