EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Abogados de la sociedad Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT), informaron este viernes de que demandarán por difamación e injuria pública a la ministra de la juventud, Robiamny Balcácer, quien emitió falsas declaraciones a través de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales señalando esta como chantajista por exigir el pago de casi siete millones de pesos por servicios prestados y no pagados a la empresa.
Los abogados Erick Morrobel y Luis Ricardo, además, demandarán al abogado de la ministra, Alan Ramírez, quien también realizó declaraciones difamatorias, falsas e injuriosas de los que quedan constancia en videos en la plataforma digital Youtube.
Por este hecho Morrobel y Ricardo exigen que en un plazo de 24 horas sea realizada una disculpa pública en todas las plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales donde éstos han sido difamados y que, en el caso de las redes sociales, dure un mes, para poder resarcir el daño causado, así como retirar dichas publicaciones «que han realizado un daño irreparable e incalculable, tanto a nivel personal como profesional», indicaron a través de un comunicado de prensa.
Señalaron que, de lo contrario será interpuesta una querella penal con constitución en actoría civil por difamación e injuria.
Se recuerda que, el Ministerio de la Juventud denunció el pasado martes que dos abogados, “en medio de una evidente actitud chantajista”, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno, intentan obligar a esa dependencia a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta con una empresa el cual se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.
A través de un comunicado, dicha institución explicó que el presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados, Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana, realizan una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra ese Ministerio, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a su incumbente como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.
