EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acusado en la operación Calamar, exigió este martes el cierre definitivo del caso que lo mantiene en prisión preventiva, por entender que se trata de un “absurdo jurídico que desacredita el sistema judicial”.
En una rueda de prensa realizada en un hotel del Distrito Nacional, denunciaron que a su defendido se le ha mantenido en prisión preventiva por más de siete meses, sin que ningún tribunal le haya revisado la medida coercitiva.
Los abogados del exfuncionario criticaron que al día de hoy no se le ha conocido ni la revisión obligatoria, que según la ley debe producirse cada tres meses de manera automática, ni las que se han presentado a solicitud del imputado.
“La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud jurídica que representa, desacreditan por completo el proceso en el caso que nos ocupa”, expresaron.
Asimismo, alegaron que esos argumentos son más que suficientes para el cierre total de la prisión preventiva que, según ellos, pesa injustamente contra Peralta.
En ese contexto, denunciaron que el Ministerio Público oculta información con relación a este proceso.
“En el caso de José Ramón Peralta fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un expediente con el que no guarda relación.
Argumentaron que la declaración dada por el delator Bolívar Ventura en diciembre del 2022, en base a las que está preso el encartado, son contradictorias a las que hicieron en otros interrogatorios, ante los mismos fiscales, casi tres meses antes.
Por este caso también están vinculados el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación.
Por la operación Calamar, el Ministerio Público acusa a los implicados de forma preliminar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña cuyo monto ascienden a los RD$19,000 millones.
