RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Abogados de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set expresaron este viernes su rechazo a la solicitud presentada por Antonio y Maribel Espaillat, quienes acudieron a una audiencia en la que solicitan autorización judicial para realizar un peritaje a las ruinas de la discoteca Jet Set.
Los juristas que representan a las víctimas advirtieron que la petición carece de base legal y constituye, según explican, una maniobra para dilatar el proceso judicial.
El abogado Plutarco Jáquez sostuvo que en el caso no procede un contraperitaje, ya que existe un peritaje previo.
Según explicó, la ley establece que para solicitar un contraperitaje deben señalarse de manera concreta las contradicciones, falencias o incongruencias del estudio existente, situación que afirmó no ocurre en la solicitud presentada.
Jáquez también cuestionó el momento en que fue introducida la petición, al indicar que se produjo siete meses después de haberse conocido la medida de coerción, lo que calificó como una táctica dilatoria.
Además, criticó que se pretenda realizar el peritaje con un técnico aportado por la propia parte solicitante, sin la intervención de instituciones imparciales, lo que, a su juicio, permitiría la elaboración de un informe parcializado a favor de los acusados.
“En derecho no se puede fabricar la propia prueba… están solicitando un peritaje con un empleado de ellos, que mañana podría presentar un informe diciendo que fueron las propias víctimas las que derrumbaron el Jet Set”, subrayó, al reiterar su oposición absoluta a la solicitud.
En ese sentido, Félix Portes, también abogado querellante, señaló que la petición debe ser declarada inadmisible, tanto por tratarse de una etapa procesal precluida como por no cumplir con los requisitos formales.
Explicó que no se presentaron los títulos universitarios, certificaciones del Codia ni las especialidades directamente vinculadas al objeto del peritaje, limitándose a depositar un currículo IT de las personas propuestas.
Portes advirtió que autorizar un nuevo peritaje podría poner en riesgo la cadena de custodia y la integridad de las pruebas materiales ya recolectadas por el Ministerio Público, lo que abriría la posibilidad de contaminación o manipulación de los escombros.
“Para salvaguardar y proteger las pruebas materiales, es decir, los escombros y las piezas de escombro existentes, entiendo que lo más prudente es avanzar ya con la audiencia preliminar”, apuntó.
Asimismo, informó que su oficina ya fue notificada de la acusación del Ministerio Público y que depositaron una acusación particular, al considerar que la acusación oficial no imputa a todas las personas que correspondan ni incluye a la persona moral pertinente.
Indicó que dicha acusación será reformada y presentada dentro del plazo establecido por la ley.
