EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. – Los abogados de Joel Ambiorix Pimentel García, conocido como “La J”, imputado en la muerte de un interno en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR El Pinito, interpusieron un recurso de habeas corpus en contra de la Fiscalía de La Vega, alegando violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y su libertad individual.
La solicitud fue presentada ante la magistrada Argelia García, presidenta de la Tercera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega, por los juristas Tomás Castro, Amado Gómez y Papito Reinos, quienes sostienen que su defendido está siendo víctima de una persecución judicial sin fundamentos jurídicos reales.
A «La J» se le acusa de ser el autor intelectual del interno Alejandro Vidal, quien falleció al ingerir un vaso de jugo verde contaminado el 15 de enero del 2024. Según consta en el expediente, el recipiente fue entregado a la víctima por otro recluso identificado como José Francisco Hiciano Moya, también interno del mismo centro penitenciario.
Durante la audiencia celebrada el jueves, los abogados de Pimentel García presentaron testigos e interventores voluntarios, quienes aseguraron que nunca antes habían escuchado el nombre de Joel Ambiorix Pimentel García y que no tiene relación alguna con los hechos por los cuales se les vincula.
A raíz de las imputaciones, la Procuraduría General de la República emitió una orden de arresto internacional a través de la Interpol, lo que llevó a su detención en España, donde fue presentado ante un tribunal con fines de extradición.
No obstante, el juez español denegó la solicitud, alegando que la petición dominicana carecía de garantías de debido proceso y pruebas suficientes, ordenando además prisión domiciliaria para el imputado y enviando un fallo formal a las autoridades dominicanas para que justifiquen de manera sólida la orden de captura.
El abogado Tomás Castro aseguró que el tribunal vegano tiene plena competencia para conocer el recurso de amparo, ya que la actuación del Ministerio Público ha vulnerado derechos constitucionales de su defendido, al promover una orden de arresto con base en elementos contradictorios y sin fundamento jurídico.
Por su parte, representantes del Ministerio Público mantuvieron la acusación, aunque no han podido rebatir las observaciones realizadas por el juez español ni las declaraciones de los testigos que desvinculan a Pimentel García del hecho.
La jueza Argelia García decidió aplazar el fallo para el próximo martes 15 de julio, mientras se continúan escuchando los alegatos de ambas partes.
Este caso ha levantado fuertes reacciones en la opinión pública, y sectores de derechos humanos denuncian una supuesta persecución judicial sin base real, exigiendo respeto al debido proceso y transparencia en cada etapa del procedimiento.
