EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana interpuso una querella penal en la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el general de brigada Claudio Edgar González Moquete, director de la Policía Preventiva, por el supuesto «allanamiento y secuestro ilegal» de la sede del gremio, ubicado en la Cayetano Germosén, del sector El Portal.
De acuerdo a un comunicado enviado este martes, las autoridades mantienen cerrado durante 23 días el citado local «sin una orden judicial», luego de las elecciones libres y democráticas en las que resultó electo como presidente del gremio el jurista Trajano Vidal Potentini, «violando el Código Penal y la Constitución de la República Dominicano».
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, calificó el «secuestro» del local como un hecho sin precedentes en la República Dominicana, que viola el Estado de derecho, de libre elección, de tránsito y el sistema democrático del país, derechos contemplados en la Constitución de la República.
Surun Hernández agregó, que con esta acción la Policía está incurriendo en los delitos de allanamiento ilegal, ejecución de medidas conservatorias sin orden judicial, abuso de poder, coalición de funcionarios y prevaricación, violentando también los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176 y 184 del Código Penal de la República Dominicana y del artículo 24 de la Ley 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública, hechos que prevén penas de hasta 20 años de prisión.
El jurista denunció que los agentes están actuando en coordinación con funcionarios del Ministerio de Agricultura y de otros sectores del oficialismo, y que han sustraído y alterado una gran cantidad de documentos y archivos de la institución.
Surun Hernández, presidente del CARD, advirtió que esperan que las autoridades del Ministerio Público actúen sin contemplaciones, pues se trata de hechos graves que ponen en juego la seguridad jurídica de la nación y el estado democrático, pues es la supuesta fuerza del orden, que con fines políticos, que comete una serie de crímenes para viabilizar el robo de las elecciones de uno de los más importantes gremios del país por sectores del oficialismo y de dicho ministerio.
“Lo más preocupante es que tenemos informes, que la dilación en la tramitación de la acción de amparo interpuesto por el Colegio de Abogados tendente a la devolución de los documentos y propiedades del CARD, ha sido coordinada entre el Presidente del Tribunal Superior Administrativo, el magistrado Diomedes Villalona y funcionarios del Gobierno, para dar tiempo a la alteración y sustracción de la mayor cantidad de documentos posible”, alegó.
El jurista también pidió al Ministerio Público recuperar los documentos y los archivos propiedad del Colegio de Abogados, «tomados para realizar todo tipo de alteraciones, bellaquerías, abusos contra una institución y respetar el Estado de derecho y la democracia en RD”.
