RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– Varios abogados en Santiago coinciden en que la falsificación de títulos universitarios es falsedad de escritura pública y el Estado puede iniciar una investigación para buscar la forma de imputarse y querellarse, porque esa práctica hay que suspenderla por el bien del país.
El jurista Winston Valera dijo que por la falsificación de títulos universitarios el Estado y la persona o empresa afectada se puede constituir, a través de la fiscalía, cuando el hecho afecte intereses de soberanía.
“Esta situación se da en República Dominicana porque somos un país débil en el aspecto constitucional”, subrayó.
Mientras que, el abogado Ramón Miquilena entiende que no solo se falsifican títulos de universidades, sino también, las firmas de las autoridades del Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología (Mescyt), que independiente de que las universidades sean privadas o extranjera, es un documento de un funcionario público que debe tener consecuencia.
Agregó que, más que la falsificación del título en sí mismo, es el daño que se le hace a la sociedad y a la ciudadanía, sobre todo, cuando el título acarrea el hecho de que puedan ejercer profesiones como la medicina y el derecho que implican poner en peligro la vida y/o la libertad de una persona.
Miquilena sustentó que falsificar un título es una adulteración de un documento público y el Ministerio Público puede investigar y solicitar condena de hasta 10 años de cárcel, que está contemplado en el artículo 148 y siguiente del código penal y siguiente.
En ese orden, el abogado José Reynoso García dijo que primero hay que verificar que haya una falsificación confirmando los códigos y la autenticidad, cuando el perito determine que es falso, entonces la beneficiada y las personas que participaron en la falsificación deben ser investigados.
