RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado José Fernando Pérez Vólquez consideró que ninguna de las personas implicadas en el caso de desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) representa peligro de fuga, debido al arraigo que poseen, por lo que el juez también habría actuado correctamente si imponía presentación periódica o prisión domiciliaria a todos los acusados.
«Si el juez ayer hubiese aplicado prisión domiciliaria o presentación periódica, actuaba correctamente, como también actuó correctamente al decir que se quedaba, porque la norma le permite al juez lo que él entiende, en ese momento que es la gravedad del hecho», expuso.
Explicó que la normativa permite al juez valorar no solo el peligro de fuga, sino también la gravedad de los hechos al momento de decidir la medida coercitiva. En este caso, entiende que el magistrado tomó en cuenta la naturaleza de los delitos imputados, que son agravados por el impacto directo en la vida y la salud de las personas.
“Yo creo que el magistrado actuó por la gravedad del hecho, al ver de lo que se estaba hablando allí, lo que se discutía allí además de asociación de malhechores, lavado de activo, estafa contra el Estado, había un tema superior: la vida, la salud del ser humano y el juez vio ese tema, que es gravedad de hechos… Pero yo creo que el juez pudo haberle dado prisión domiciliaria”, expresó.
Pérez Vólquez realizó estas declaraciones durante una entrevista en el programa “Enfrentados”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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¿Hay acuerdos en el caso Senasa?
El abogado recordó que el criterio de oportunidad no aplica en este proceso, ya que está reservado para infracciones simples y no para delitos de esta magnitud.
Sin embargo, indicó que es evidente que existe un acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en la solicitud de prisión domiciliaria hecha por el Ministerio Público para algunos imputados.
“Hay un acuerdo soterrado, no nos pueden tratar como si fuéramos unos enajenados y unos imbéciles, si eso no estuviera acorde, solicitan prisión preventiva igual para ellos”, expresó.
En ese sentido, el abogado aclaró que los acuerdos no son ilegales, pues la ley los permite y facilitan el proceso judicial, pero recordó que, para que sean válidos, la legislación exige que el imputado se declare culpable de manera consciente y que posteriormente se acuerde la pena dentro de un proceso penal abreviado.
“Lo primero que la ley establece para que haya un acuerdo es que el imputado se declare culpable y que esa culpabilidad lo haga a conciencia con su abogado y luego acuerden la pena para ir a un juicio penal abreviado”, indicó.
En cuanto al Código procesal Penal que se aplicará a los imputados del caso Senasa, explicó que las leyes no son retroactivas.
No obstante, expuso que la defensa de los acusados podría alegar que los hechos que se les imputan se remontan al año 2020, cuando todavía nos se había aprobado el nuevo Código Procesal Penal.
“Pero la medida de coerción se planteó de acuerdo al código actual. Yo debo decir que para ellos y para cualquiera este código tiene mayores garantías y posibilidad de ellos ir donde un juez a conocer la revisión de la medida de coerción o acudir a la corte de apelación”, señaló.
