EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado penalista Cándido Simón consideró este lunes que el presidente de la República, Luis Abinader, no debió pronunciarse públicamente sobre el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al entender que sus declaraciones pueden interpretarse como una injerencia en los procesos judiciales en curso.
Simón señaló que, aunque el mandatario ha insistido en promover la independencia del Ministerio Público, opinar sobre un expediente abierto “crea un sabor amargo y puede parecer como si estuviera dando órdenes a la justicia”.
Recordó que, por experiencias personales y profesionales, conoce de situaciones que confirman que el presidente no se involucra en manejos judiciales, pero enfatizó que sus declaraciones deben manejarse con prudencia.
“Si habla como presidente, no debe opinar; si lo hace como miembro del partido de gobierno, entonces tiene el derecho y el deber de decir: tengo amigos, pero no tengo cómplices”, expresó.
El profesional del derecho habló sobre este y otros temas de interés al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón y Julio Samuel Sierra, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
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El jurista calificó el caso SeNaSa como uno de los expedientes de corrupción más sensibles, por tratarse del manejo de servicios y medicamentos destinados a personas de avanzada edad.
Afirmó que aún no se puede establecer la veracidad de las imputaciones y recordó que “hasta que no se demuestre lo contrario, los investigados deben ser tratados como inocentes”.
Simón también criticó la práctica de asignar sobrenombres a los casos judiciales, como en este proceso denominado “Cobra”, al considerar que tales etiquetas son inconstitucionales y generan estigmatización, en violación a decisiones previas del Tribunal Constitucional.
El doctor Candido Simón, advirtió que persisten dificultades para que el Estado cumpla plenamente con el marco legal y señaló que, en su opinión, la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional son desacatadas, incluso por instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
