RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Bomar Alexis Quezada advirtió que, si bien el nuevo Código Penal representa un avance necesario para el país, su aplicación debe realizarse con extrema cautela para evitar consecuencias negativas, especialmente en materia de privación de libertad y derechos fundamentales.
Quezada explicó que, antes de la aprobación de esta normativa, la República Dominicana “estaba en cuidados intensivos” en cuanto a regulación penal, debido a la proliferación de estafas piramidales y a nuevas conductas ilícitas que han cobrado auge, incluyendo la difamación e injuria, cada vez más frecuentes en la vida pública.
“Era lógico y necesario trabajar en un nuevo Código Penal”, señaló.
Quezada ofreció esas informaciones al ser entrevistado por los comunicadores José Alcántara, Katherine Rodríguez, Cesar Javier y Jean Cristofer Pérez, en el programa “El Nuevo Diario los Sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
El jurista valoró que la Cámara de Diputados haya dispuesto que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal sea en el plazo de un año, lo que considera “una oportunidad importante para introducir las correcciones necesarias mediante reformas antes de que comience a aplicarse”.
En cuanto al aumento de penas contemplado en la nueva normativa, Quezada expresó que, aunque esto podría generar un “efecto disuasorio” en la comisión de delitos, también plantea riesgos.
“Nos preocupa que el aumento del mínimo de la pena restrinja la facultad del juez para graduar la sanción según la participación real del imputado. Un mínimo de 10 años para ciertos delitos puede provocar un hacinamiento carcelario insostenible, considerando que el Estado no cuenta actualmente con la infraestructura para asumir ese volumen de condenas”, advirtió.
En ese contexto, reiteró que cualquier implementación del nuevo Código Penal debe ir acompañada de políticas penitenciarias y judiciales responsables que garanticen la proporcionalidad de las penas y el respeto a los derechos humanos, para evitar que personas con mínima participación en hechos punibles enfrenten sanciones excesivas.
